La experiencia nos obliga a reflexionar sobre los blindajes que necesita El Salvador para evitar su desplome durante el quinquenio 2014-2019. Tenemos un alto endeudamiento y un abultado gasto público; existe una seria crisis de seguridad agravada por la incertidumbre y la falta de transparencia de la tregua entre pandillas; no se tienen incentivos para revertir la caída en la mayoría de indicadores que miden el clima de inversión; el conjunto de instituciones a cargo de la transparencia y el combate a la corrupción no es funcional, y continúan las amenazas a la independencia de poderes y el debilitamiento del sistema judicial.
Recientemente la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados presentó el informe sobre la misión que realizó en El Salvador durante el mes de noviembre de 2012, para conocer de las denuncias a raíz de la crisis institucional entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. La experta reconoce que las acciones de la Asamblea Legislativa erosionaron la separación de los órganos fundamentales en El Salvador. Entre sus recomendaciones establece que “todas las instituciones del Estado deben respetar y acatar la independencia de la judicatura (…)” Agrega que es “necesario determinar y afrontar con urgencia las injerencias y amenazas a la independencia institucional del Poder Judicial”.
Gabriela Knaul también propone revisar el procedimiento para el nombramiento de jueces y magistrados y de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura con el propósito de evitar la intervención de los partidos políticos y de grupos económicos. La funcionaria agrega que deben asignarse suficientes recursos presupuestarios al Fiscal General de la República, al Procurador General de la República y al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a fin que puedan cumplir sus mandatos constitucionales. Advierte que es necesario garantizar la estabilidad en el cargo de los funcionarios judiciales y que deben adoptarse medidas para fortalecer la coordinación entre los fiscales y la Policía Nacional Civil, así como mejorar la capacidad técnica de esta última para investigar los delitos.
Las propuestas y los compromisos de los candidatos no son suficientes. Hace falta un “apretón de tuercas” a la institucionalidad nacional para conservar la estabilidad del sistema político, el dinamismo del modelo económico y la sostenibilidad de los programas sociales. Las observaciones de la Relatora de Naciones Unidas no revelan nada que la sociedad civil organizada no hubiera denunciando con anticipación a su informe. Que ahora lo ratifique la máxima instancia a nivel mundial en materia de independencia judicial es motivo suficiente para llamar la atención de los partidos políticos y principalmente de los presidenciables. Cada una de sus propuestas deberían ser objeto de análisis y como mínimo tendrían que incorporarse en un apartado de sus respectivos planes de gobierno relacionado con el fortalecimiento institucional.
De manera similar a Naciones Unidas en materia institucional, se cuenta con otras recomendaciones en el ámbito fiscal por parte del Fondo Monetario Internacional, de países amigos en materia de seguridad pública y del Banco Mundial en relación a la “facilidad para hacer negocios”. Todos estos organismos y comunidad internacional ofrecen asesoría técnica para el establecimiento de corazas que protejan al país y prevengan crisis que deriven en protestas sociales como las que recientemente hemos presenciado en Brasil. Por cierto que esta última originada en la sociedad es el más efectivo blindaje para evitar el despilfarro de fondos públicos, la corrupción, la ineficiencia administrativa y la falta de políticas públicas que resuelvan los problemas más urgentes de los habitantes.
El panorama es muy incierto y con él son imprecisos los efectos que provocará el ambiente electoral en diversas áreas del desarrollo nacional. No existen instrumentos para fiscalizar de manera eficiente la competencia electoral y en consecuencia tampoco se puede garantizar una carrera en condiciones de igualdad entre los distintos candidatos presidenciales. Tan es así que la Sala de lo Constitucional anunció la admisión de una posible inconstitucionalidad de la ley de partidos por la ausencia de mecanismos que permitan transparentar las finanzas de los partidos políticos.
En resumen no se debe confiar sólo en los gobernantes sino y principalmente en las instituciones y en la ley. Ante la debilidad de estas últimas la presión de la población debe continuar. Los brasileños no dirigieron su protesta en contra de la presidenta o de ciertos políticos en particular. Sus reclamos fueron legítimos y se sustentaron en auténticas y genuinas demandas sociales. La vigilancia ciudadana, un buen sistema anticorrupción y el respeto a la separación de poderes y a la independencia de las instituciones, constituyen la más efectiva protección ante el populismo, la irresponsabilidad y la politiquería.
*Columnista de El Diario de Hoy.