La Relatora de Naciones Unidas para el sistema judicial de El Salvador llamó a las instituciones nacionales a respetar a la judicatura y acatar las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y expresó su preocupación por la politización del Poder Judicial debido a la injerencia de la Asamblea Legislativa en diferentes casos y en el nombramiento de funcionarios del sistema.
“Las autoridades nacionales deben acatar y aplicar de buena fe las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, dice el informe preparado por la representante de la ONU, Gabriela Knaul.
Este documento, de 23 páginas, sigue a la visita de la funcionaria internacional en medio de una crisis desatada por la negativa de diputados a la Asamblea Legislativa de acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional que ordenaban repetir las elecciones de magistrados, hace un año. A juicio de la funcionaria, el proceder de los diputados “erosionó gravemente la independencia del Poder Judicial y el principio de separación de poderes”.
Para casos como este, la Relatora tiene la respuesta: “Todas las instituciones del Estado deben respetar y acatar la independencia de la judicatura. Es necesario determinar y afrontar con urgencia las injerencias y amenazas a la independencia institucional del Poder Judicial”, dice el informe.
Diputados oficialistas y afines iniciaron un pulso con la Sala, mantuvieron a los abogados nombrados cuya elección se anuló y hasta llevaron el caso a la Corte Centroamericana, en Managua, a pesar de que no tenía jurisdicción en esa clase de asuntos, según se determinó posteriormente. (Ver nota aparte).
Pero la funcionaria deja en claro que es la Sala de lo Constitucional la que “tiene la autoridad exclusiva para decidir si una cuestión sometida a su decisión es de su competencia”.
“Las instituciones del Estado —advierte— deben abstenerse de interpretar las decisiones de la Sala de lo Constitucional con el propósito de determinar si se ajustaron o no al mandato encomendado a la Sala por la Constitución”.
Knaul, sin embargo, muestra su preocupación por crisis como la suscitada entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, pues “pone de manifiesto el grado de politización del Poder Judicial”, tomando en cuenta que en ese momento el oficialismo y los partidos políticos afines desconocieron los fallos del Tribunal Constitucional y contra viento y marea colocaron a los abogados seleccionados en las elecciones anuladas.
Tiempo después se acató la sentencia y se realizaron nuevas elecciones como mandó la Sala, pero para Knaul este episodio “ha afectado a la función de los agentes fundamentales del sistema judicial en la lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos”.
Por lo mismo considera que el procedimiento actual para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema, otros jueces y magistrados, y los agentes fundamentales del sistema de justicia no ofrece salvaguardas suficientes para eliminar la presión y la injerencia de los partidos políticos y grupos económicos y para asegurarse de que estos sean seleccionados sobre la base de criterios objetivos y equitativos.
Tampoco garantiza la independencia institucional del Poder Judicial respecto de los otros poderes, en particular el Poder Legislativo, dice.
A su juicio, “la falta de transparencia y escrutinio público en el proceso de selección sigue perpetuando un sistema basado en el clientelismo y los favores políticos”.
Elección de jueces y magistrados por méritos
De igual manera, la Relatora se pronuncia sobre el Consejo Nacional de la Judicatura, encargado de la selección de magistrados y jueces, pero también nombrado por la Asamblea Legislativa.
“La composición del Consejo Nacional de la Judicatura y el procedimiento actual para seleccionar y nombrar a sus miembros no ofrecen garantías suficientes para que esta institución represente adecuadamente los intereses del poder judicial y para proteger su independencia de las otras ramas del poder, advierte la funcionaria.
Para la Relatora, la selección de candidatos a los cargos de jueces y magistrados debe basarse únicamente en los méritos y llevarse a cabo de manera anónima por concurso.
Además se deben elaborar y aplicar criterios objetivos para la designación, nombramiento, traslado y ascenso de los jueces y magistrados, como la capacidad, la productividad, la integridad y la experiencia.
Knaul recomienda revisar el actual régimen de aplicación de medidas disciplinarias a jueces y magistrados, para que los juzgadores sean destituidos o suspendidos por motivos graves de mala conducta o incompetencia.
También se deben establecer procedimientos apropiados que permitan revisar independiente de las decisiones adoptadas en los procesos disciplinarios.
“La responsabilidad de imponer medidas disciplinarias a los jueces y magistrados debe recaer en un órgano o mecanismo independiente, como el Consejo Nacional de la Judicatura (reformado en función de las recomendaciones anteriores)”, dice la relatora de la ONU.
Más recursos a la Fiscalía y procuradurías
En el informe Knaul hace un llamado para que se asigne suficientes recursos presupuestarios al Fiscal General de la República, al Procurador General de la República y al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (Defensor del Pueblo), a fin de que puedan cumplir sus mandatos constitucionales.
“Se deben proporcionar a la Fiscalía General recursos financieros suficientes para mejorar las condiciones de servicio de los fiscales y su formación jurídica y profesional. Se deben adoptar medidas apropiadas para fortalecer la coordinación entre los fiscales y la Policía Nacional Civil, así como para mejorar la capacidad técnica de la Policía para investigar los delitos y reunir las pruebas que deben presentarse en las actuaciones judiciales destaca el informe.
La Relatora establece que el sistema de justicia del país debe adoptar todas las medidas apropiadas para impartir una adecuada formación jurídica y profesional, incluida la formación continua y especializada, y otros tipos de creación de capacidad.
Agrega que todos los jueces, magistrados, fiscales y abogados, independientemente del nivel en que ejerzan su cargo, deben tener a su disposición y poder acceder a oportunidades de capacitación que incluyan, entre otras cosas, cursos/módulos específicos sobre el derecho internacional de los derechos humanos.
“Los organismos especializados y los programas de las Naciones Unidas y la comunidad de donantes deben proporcionar asistencia financiera y apoyo técnico a las instituciones nacionales de formación para la preparación de planes de estudio y para impartir una formación profesional de calidad”, finaliza la relatora de la ONU.