Una condición necesaria para el buen funcionamiento de la democracia en El Salvador es el respeto al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica. Reflexionando sobre los últimos acontecimientos en torno a la falta de elección de la Corte de Cuentas, podemos concluir que se ha llegado a la anomia institucional. La realidad política salvadoreña en los últimos meses ha evidenciado un serio problema que tenemos como salvadoreños: el incumplimiento de la ley.
Los atentados a la seguridad jurídica nos hacen ver que nuestros gobernantes no se someten a las normas jurídicas a las que están obligados. Mientras los ciudadanos tenemos que cumplir las leyes –dicho sea de paso cada día más engorrosas y burocráticas– los funcionarios se dan el lujo de ignorarlas y postergan importantes decisiones para el buen funcionamiento de la institucionalidad. El Salvador ha caído en un relativismo en el cumplimiento de la ley, que nos está llevando a la desobediencia y al desorden.
La justicia ha tenido que intervenir a través de los pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional, para evitar que la política coopte la Corte de Cuentas. La Asamblea Legislativa ha mostrado desidia e irresponsabilidad en el cumplimiento de plazos de las elecciones de magistrados. En este drama se han visto actitudes cambiantes, todas negativas: se pasó de una de franca beligerancia a una de simulación del cumplimiento de la sentencia, para finalmente adoptar una postura de desinterés total. Es una aberración que esta institución lleve ya más de tres meses sin contar con sus titulares, con el claro objetivo de volver inofensivo su rol fiscalizador del buen manejo de los fondos públicos.
Lo sorprendente es que los problemas se están acumulando: 1. Se está menoscabando el respeto al Estado de Derecho 2. Se está desobedeciendo una sentencia judicial 3. Se está dejando a la deriva la posibilidad de contar con eficiencia y probidad en la gestión pública.
Como si eso fuera poco, en estas semanas han surgido otros dos nuevos hechos relevantes: Ha trascendido el último informe de Auditoría Externa solicitada por la Asamblea Legislativa sobre la gestión de la Corte de Cuentas. Este es aún más ligero que el realizado el año pasado y no profundiza en los hallazgos encontrados anteriormente. Continúa pendiente la depuración de la planilla de profesionales, de forma que trabajen en ella especialistas en contraloría. ¿Qué pasó con los contratos de los nutricionistas, odontólogos y otros similares? Si se toman así las decisiones de recursos humanos, ¿con qué criterios técnicos se resuelven las auditorías que se hacen a otras entidades gubernamentales?
La Asamblea tampoco dio explicaciones sobre irregularidades denunciadas en los medios de comunicación acerca de la adjudicación de la auditoría, incluido un posible conflicto de interés. La calidad de la fiscalización de la Asamblea hacia la Corte de Cuentas va en disminución.
Finalmente, ha trascendido el pago de bonificaciones a los empleados de la Corte de Cuentas. En esta institución se estará repartiendo a los 1,200 empleados que en ella laboran bonos equivalentes al 100 % de los salarios del mes, lo que suma la cantidad de 1.9 millones de dólares. En el mundo al revés se premia esta absoluta falta de rumbo. Los aumentos o bonificaciones sin resultados que en un ambiente de confusión y estancamiento, sólo menoscaban aún más la institucionalidad y aumentan el descrédito frente a la ciudadanía.
La acefalia de la Corte de Cuentas se debe a falta de voluntad política, puesto que es el único caso de elección de magistrados de segundo grado que es por mayoría simple. Esto equivale a dejar desprotegida la puerta de la caja fuerte donde guardamos nuestro dinero, para que el que vaya pasando actúe a su antojo. El trabajo de fortalecer las instituciones es equivalente a poner filas de ladrillos a nuestra democracia. El peligro de las actuaciones de nuestra Asamblea es que provoca descontento con la democracia y al deslegitimarla se le abre la puerta a líderes mesiánicos.
*Columnista de El Diario de Hoy.