Las compañías que importan y distribuyen el gas propano, luego de varios intentos y desencantos, lograron audiencia con los altos funcionarios del Ministerio de Economía para abordar técnicamente el tema de la estructura de costos del precio máximo de venta del gas al consumidor, el cual lo fija cada mes este Ministerio.
La política de subsidio del gas, pese a su importancia para la cocción de alimentos en sectores populares y evitar la deforestación por el uso de leña, ha sido uno de los grandes fracasos de este gobierno. La racionalización del subsidio derivó en el reparto de US$9.10 por mes sin la condición de comprar el tambo de gas. Imperó la mentalidad de ganarle simpatías al presidente repartiendo dinero, creando un aparataje burocrático de altos costos para administrar el subsidio.
Este entuerto que fue el legado del anterior ministro y su equipo de políticos que administraron tan importante Cartera de Estado, usó el criterio de reparto de pisto a los hogares que consumen hasta 200 Kw/h de electricidad. Y además una engorrosa administración de CENADES para enlistar los pequeños negocios e instituciones que, según criterio personal del ministro, merecían el subsidio.
El disgusto del ministro de Hacienda fue público y notorio, ya que los costos en subsidio y administración sobrepasaron las erogaciones de la peor época de los precios internacionales del 2008.
El alto déficit entre la recaudación del FEFE y el subsidio, cubierto con otros impuestos, fue criticado entonces por organismos internacionales como el BID. Ese déficit fue insostenible al desligarse la entrega de subsidio de la compra del tambo de gas. Y así lo señaló el BID. Y hoy se requiere de préstamos internacionales para completar las transferencias al MINEC y sostener el reparto mensual de pisto. Algo impensable hace cuatro años.
El actual ministro de Economía ofreció contener este derroche y condicionar la entrega de pisto a la compra del tambo de gas. Y esta intención de realmente focalizar hay que aplaudirla. Sobre todo porque adoptó la prudencia recomendada de ensayar el modelo en una zona geográfica para evaluar impactos en la distribución. Y así lo ha hecho en el oriente del país. Los resultados de esta nueva burocracia de reparto de pisto con “tarjeta plástica de gobierno”, se deben evaluar antes de aplicarla a otras zonas.
Sin embargo, el MINEC enfrenta otro problema crítico del subsidio al gas. El precio controlado, sus costos y márgenes, que al no ser revisados oportunamente desataron nubarrones de desabastecimiento del vital combustible.
Diputados del FMLN opinaron y politizaron el tema. Hablan de decretar el gas como “bien de utilidad pública”, y pretenden ponerle frenos al MINEC en esta audiencia que al fin concedió a las empresas importadoras y distribuidoras de gas, para analizar técnicamente la estructura de costos.
Los políticos que defienden intereses petroleros venezolanos recomiendan que el gobierno asuma la importación de gas y claman el reformar la Ley Reguladora de este mercado. Piden a MINEC abstenerse de revisar los costos.
Se sabe que Albapetróleos ha invertido en instalaciones de almacenamiento en Acajutla y de llenado de tambos, para incursionar en el mercado del gas.
El marco legal vigente le permite al Ministerio no sólo abrir el mercado con libre llenado, sino incluso le faculta al MINEC realizar importaciones como gobierno en caso de desabastecimiento. Los “diputados petroleros” del FMLN pretenden otra cosa, seguir reformando leyes para desmontarle el camino a las inversiones de Albapetróleos.
Dios quiera el ministro de Economía aborde técnicamente esta problemática de la estructura de costos del gas. Y no se deje amedrentar por diatribas de políticos que sueñan ser empresarios y magnates petroleros.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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