Los partidos políticos acordaron la aprobación de un nuevo Código Electoral. Informaron que procederán a su votación en una “plenaria especial” el próximo 10 de julio. La iniciativa es atinada, principalmente cuando se cuenta con un ordenamiento que desde su entrada en vigencia a inicios de la década de los Noventa ha sufrido más de doscientas reformas. Lamentablemente en esta ocasión el proyecto se ha discutido a puerta cerrada. No se conoce, por lo menos públicamente, cuántos expertos nacionales e internacionales fueron consultados, a cuáles organizaciones de la sociedad civil se les solicitó opinión y las razones técnicas por las que se han incluido o excluido nuevos procedimientos, plazos, multas, sanciones u otras modificaciones.
Recientemente se presentó en México una investigación que revela las fortalezas y debilidades del sistema electoral, tomando como base el período comprendido entre 2002 y 2012. Los autores del estudio, entre los que se encuentra un expresidente del Instituto Federal Electoral, invitaron a un panel de 24 evaluadores y asignaron un grupo de 12 investigadores para el análisis y sistematización de la información. Finalmente los especialistas elaboraron un diagnóstico y recomendaciones para cada uno de los siguientes temas: el costo de la democracia electoral en el ámbito federal, el gasto en propaganda gubernamental, el clientelismo electoral a través de la coacción y la compra de votos, el acceso a los medios de comunicación, las actividades proselitistas en campañas para presidente, la organización y capacitación electoral, la jornada electoral, los resultados electorales y el cómputo final de la elección, los votos de los mexicanos residentes en el extranjero y la justicia electoral, entre otros.
El documento final resultó en un estudio de más de 300 páginas que servirá de insumo para que los legisladores debatan sobre los cambios al sistema electoral mexicano. Los autores señalan que “para definir el contenido de una nueva reforma electoral, es preciso contar con un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema, los objetivos que se buscan y, sólo a partir esos elementos, plantear los instrumentos regulatorios que permitan conseguir esas metas”. En el caso salvadoreño, la mayoría de las reformas electorales han respondido a estrategias partidarias olvidándose por completo que la verdadera finalidad de todo cambio en el sistema electoral es facilitar el ejercicio del sufragio a los ciudadanos con capacidad de ejercer el voto.
A siete meses de las elecciones presidenciales no es conveniente modificar el principal ordenamiento jurídico que regula las reglas electorales. El interés de los legisladores y de la autoridad electoral tendría que enfocarse en otras prioridades. Los partidos y el TSE deberían empujar campañas masivas para motivar el voto desde el exterior y para que los jóvenes que votarán por primera ocasión obtengan su Documento Único de Identidad. No es momento de cambiar las normas legales sino de incentivar la participación ciudadana.
Los diferentes medios de comunicación han informado que entre las principales reformas se encuentran algunas relacionadas con los procedimientos para imponer sanciones. De acuerdo a estudios elaborados por diferentes centros de pensamiento, la justicia electoral en el país es inoperante. El tiempo que transcurre entre la presentación de la denuncia por parte de algún partido y la resolución que dicta el Tribunal Supremo Electoral no es el adecuado y va desde los 30 días hasta los 36 meses cuando ya ha ocurrido el evento electoral y ha tomado posesión el candidato cuya elección quizás fue impugnada por ilegal. La mayoría de resoluciones, además de tardías suelen ser del siguiente tipo: sobreseimientos, improcedentes, inadmisibles, no ha lugar, absolución, etc. En otras palabras, existe una “creciente industria de la queja y la denuncia entre partidos que no resuelve problemas de fondo y que muchas veces son parte de sus tácticas de campaña”
Si ese es el caso, la verdadera discusión de fondo no debió ser la de aprobar un nuevo Código Electoral, por lo menos no a tan corto plazo de los comicios presidenciales, sino aquella que por años han venido impulsando diferentes organizaciones y que propugna por la despartidización del TSE como la causa que perjudica a la justicia electoral, por la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales del organismo electoral y por la ciudadanización de los integrantes de las juntas receptoras de votos, así como de los vigilantes, supervisores y jefes de centro.
El caso mexicano es un buen referente para El Salvador. Los legisladores se han preocupado por modernizar su sistema político durante los últimos treinta años. Han asumido el compromiso de las grandes reformas y aprovecharon el capital humano existente en universidades y organizaciones civiles para entender el contexto y la necesidad técnica de las transformaciones que necesita el ordenamiento legal. Esa es una tarea pendiente en El Salvador.
*Columnista de El Diario de Hoy.