Al menos 300 convictos por diversos delitos podrían estar eventualmente en la misma condición de Erick Fabricio González Juárez, condenado a 30 años por secuestro, pero que purga la pena en su casa con el argumento de que “no han completado el trámite de su sentencia”, advirtió la Fiscalía General.
Para el caso, los jefes de las oficinas del Ministerio Público en la zonas Central y Metropolitana, Francisco Vides y Julio Arriaza, explicaron que ellos tienen bajo su responsabilidad 126 de los casos que todavía no han recibido una sentencia de prisión formal.
Cuando un reo no ha sido sentenciado o no se ha completado el trámite de su condena y han pasado 24 meses de detención, muchos jueces optan por ponerlos en arresto domiciliar, explicaron.
Con la tardanza de la elaboración de las sentencias formales, los fiscales y defensores no pueden impugnar las resoluciones judiciales en los términos que dictan las leyes.
“En algunos casos están sustituyendo la detención por otra medida que en la mayoría de casos es arresto domiciliario y una fianza bien baja por delitos graves como homicidios, extorsiones y agrupaciones ilícitas”, dijo Vides.
Eso lo hacen, según los fiscales, como una salida jurídica para no vulnerarles los derechos a los sentenciados, debido a que se ha cumplido los dos años que dura el proceso judicial sin que todavía haya una pena de prisión firme.
Sin embargo, advirtieron los funcionarios, representa un riesgo para “las víctimas, los testigos, y peritos no quieren comparecer a la vista pública o juicio porque es lógico el temor que tienen”.
La mayoría de imputados son pandilleros y aun cuando están en arresto domiciliario “tienen algún control de la situación”, agregan los fiscales.
Por lo mismo, la Fiscalía reiteró ayer su llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que pongan fin a la problemática generada en los tribunales Antimafia de Sentencia con unos 300 reos que ya se encuentran condenados, pero todavía los jueces no han elaborado las sentencias de prisión por escrito tal como lo manda la legislación penal.
“Nuevamente un llamado a la honorable Corte Suprema de Justicia para que retomen el tema y tomen una decisión de lo que se va a hacer, porque está causando un conflicto social esta problemática con los tribunales especializados”, dijo Vides.
Aseguró que los jueces Antimafia de Sentencia “tienen la misión de cumplir con los plazos legales y la problemática aquí es que los que deben de velar por el cumplimiento de los plazos, los están incumpliendo”. La legislación penal otorga 10 días después de finalizado el juicio para que los juzgadores emitan sentencias por escrito.
Si bien es cierto, según Vides, la ley otorga estas salidas jurídicas, pero tampoco los jueces deben tardarse demasiado para elaborar las sentencias escritas y que según los fiscales, los jueces argumentan que la tardanza obedece a falta de personal y recursos logísticos.
Se gestionó a través de la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez una entrevista con el juez Godofredo Salazar para conocer sus argumentos sobre esta problemática, pero él mandó a decir a través de la oficina de prensa que por tener una auditoría de parte de la Corte (CSJ) no pueden prestar ningún expediente ni hacer comentarios sobre los casos.
El jefe de la oficina fiscal de la zona metropolitana de San Salvador, Julio Arriaza, explicó que esa situación anómala favorece más a los imputados y deja de lado los derechos y las garantías de las víctimas porque no han tenido una pronta y cumplida justicia.
También hicieron un llamado al Consejo Nacional de la Judicatura para que tenga un mejor control de los jueces.