Secuestrador es llevado a Mariona a pagar condena

Estuvo 84 días en la casa de sus padres, custodiado por la PNC

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Erick Fabricio González Juárez entra al penal de Mariona a donde fue llevado ayer por la PNC. Foto EDH

Por Jorge Beltrán Luna ??scar Iraheta nacional@eldiariodehoy.com

2013-06-12 8:00:00

Erick Fabricio González Juárez, un secuestrador condenado a 30 años de prisión, que desde el 21 de marzo anterior purgaba su sentencia en la casa de sus padres, fue enviado ayer al centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, para que continúe descontando la pena impuesta, según constató ayer El Diario de Hoy.

Ayer, a las 12:20 p.m., un auto policial del puesto de la colonia 10 de Octubre, municipio de San Marcos, condujo al convicto desde la residencial Autopista 1 hasta el penal de Mariona.

González Juárez permanecía en una vivienda del pasaje 4 de la referida residencial desde el 21 de marzo, luego que el juez especializado de sentencia de San Salvador, Godofredo Salazar, lo favoreció con arresto domiciliar tras una petición que hizo la defensa del convicto.

El mismo juez lo había condenado el 11 de enero de 2011 junto a otros secuestradores a quienes impartió la misma pena, pero que no concedió el mismo beneficio que a González Juárez.

Desde la fecha de la vista pública (juicio) hasta la lectura (notificación formal) de la sentencia por parte del juez Salazar, transcurrieron 25 meses, según información proporcionada a El Diario de Hoy por la fiscal Lucrecia Padilla.

Esa circunstancia fue aprovechada por el abogado de González Juárez para pedir a favor de éste, el arresto domiciliar bajo el argumento de que su cliente llevaba más de 24 meses en prisión sin que existiera una sentencia en firme. El juez concedió el beneficio solicitado.

El Ministerio Público, en este caso, impugnó tal favorecimiento, según explicó la fiscal Padilla. Sin embargo, a más de dos meses de que el convicto estuviera gozando del beneficio de arresto domiciliar, esa institución se había mantenido en silencio.

El viernes anterior, este periódico publicó una investigación periodística en la que se puso al descubierto el beneficio judicial del cual gozaba el secuestrador, quien es hijo del motorista de confianza de un alto funcionario público, según informaron agentes policiales que custodian al convicto, así como vecinos del mismo.

Para que el secuestrador gozara del beneficio de arresto domiciliar, la Policía Nacional Civil (PNC) destinó entre 10 y 12 agentes que en equipos de tres o cuatro se relevaban cada ocho horas.

De acuerdo con cálculos hechas por fuentes policiales, hasta ayer la PNC había gastado por lo menos 13 mil dólares en vigilar al secuestrador de una empleada de una clínica dental que funciona en la colonia Escalón.

La cifra podría ser mucho mayor pues está basada partiendo de que todos los policías que lo custodiaban fueran 10 y que ganaran 476 dólares mensuales, que es el sueldo que un policía de nivel básico devenga, aunque hay agentes antiguos que por lo menos ganan 526, indicaron las fuentes.

Silencio marcó el caso

En este hecho, a pesar de lo relevante, las autoridades policiales, así como funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad guardaron silencio. Hasta ayer por la tarde, a través de su cuenta en Twitter, el Ministerio de Seguridad y Justicia confirmó lo que ya era conocido: que González Juárez había sido trasladado de su vivienda hacia el penal de Mariona.

Del caso hubo abundante información de parte de efectivos policiales de San Marcos. Pero los jefes guardaron silencio.

Por su parte, el juez Salazar tampoco sentó su posición al respecto. Antes de que El Diario de Hoy revelara que González Juárez estaba pagando en casa su condena, se intentó obtener la versión del juzgador pero se excusó, a través de su secretario, en que no tenía tiempo debido a que la Corte Suprema de Justicia estaba realizando una auditoría en el juzgado.

Conducción policial temeraria

Ayer al mediodía, el conductor del equipo policial 01-2645 lo hizo de forma temeraria con el afán de evitar que un equipo de El Diario de Hoy lo siguiera hasta el centro penitenciario al que llevaban a González Juárez.

Cuando un agente se percató de la presencia de periodistas, conminó al secuestrador a cubrirse el rostro, tal como lo había hecho cuando lo sacaron de su vivienda.

Posteriormente, el auto policial recorrió varias calles capitalinas: avenida Las Amapolas, calle El Progreso y la avenida Olímpica hasta empalmar con la 49a. Avenida Sur, frente al estadio Mágico González.

Fue en ese empalme que para tomar hacia el bulevar de Los Héroes tuvo que hacer un giro a la izquierda, cruzando la doble línea amarilla, en franca infracción al Reglamento de Tránsito.

Luego de recorrer todo el bulevar Los Héroes, el bulevar Universitario, varias calles de Mejicanos y el bulevar Constitución, finalmente a las 1:07 p.m., el equipo policial entró al penal de Mariona con el condenado.

Indignación por beneficio judicial

Los equipos de este Periódico que ayer esperaron el traslado de González Juárez hacia el centro penitenciario recibieron múltiples comentarios de vecinos que repudiaban el beneficio que gozaba el secuestrador.

Los vecinos insistieron en sus sospechas de que el convicto estaba pagando su condena en casa por ser hijo del motorista de confianza de un funcionario público.

Pero además de indignación y repudio a ese hecho, los residentes se mostraron temerosos de saber que el lugar es asediado por miembros de una pandilla contraria a la que ejecutó el secuestro por el cual condenaron a González Juárez, advirtieron.

Incluso, algunos vecinos se mostraron inconformes porque la vigilancia particular de la residencial no permitía la entrada de periodistas que cubrieron el traslado.

Desde ayer al mediodía, González Juárez está recluido en Mariona, donde ya no dispondrá de juegos de nintendo ni de redes sociales a través de una tablet, para pagar su condena por haber secuestrado a una joven por la cual recibió dinero como rescate a cambio de devolver con vida a la víctima. Desde ayer está en iguales condiciones que sus compañeros secuestradores que también cumplen abultadas condenas.