“Las resoluciones de los políticos, intentando ayudar a las víctimas de accidentes, creó un nuevo impuesto que se ha camuflajeado como una contribución especial, justificándolo como solidaridad con los salvadoreños y opacando los argumentos técnicos en torno a dicha ley”.
Bajo ese análisis, en el que coinciden compañías aseguradoras, empresa privada y, sobre todo, la población, la “contribución” destinada para el Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) es un impuesto que no logrará mejorar el nivel de atención en la red hospitalaria pública e impide que El Salvador modernice por decreto la gestión de riesgos y percances en la vía pública.
Un claro ejemplo al respecto fue que en diciembre de 2012 se descartó, luego de tres años de discusión, la aprobación de la Ley especial del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para darle luz verde, con dispensa de trámite, a la contrapropuesta del Ejecutivo: el Fonat.
Pero, más allá de este hecho, las aseguradoras parten de la posición de que el gobierno no ve el tema de los accidentes “con un ojo científico”, lo que significa, según la interpretación de las organizaciones, en que hay una ley sin ajustes, pólizas, liquidaciones e indemnizaciones adecuadas.
El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), Raúl Betancourt, explicó que para elaborar la escala tributaria los diputados y las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) no realizaron el análisis de riesgo de cada vehículo , detalle que se refleja en “un exceso de categorizaciones” en el actual reglamento del Fonat.
Además, el también abogado subraya que hay dos tipos de violaciones en la ley que rige el impuesto: la violación de tratados internacionales como el CA-4 (que asegura el libre tránsito de comercio y personas) y la discrecionalidad al no detallar los pagos en el documento del Fondo, que entró en vigencia el pasado 2 de mayo.
“El fin del Fonat está desvirtuado. Es imposible que el gobierno logre indemnizar con $12 millones en un país donde ocurren casi 10 mil accidentes por semestre” analizó Betancourt.
En este sentido, existe también un problema fiscal, en relación a las proporciones que pagan los automovilistas particulares y los empresarios de transporte colectivo.
Según la ASES, los salvadoreños “pagan un subsidio adicional al transporte colectivo” porque, en base a sus investigaciones, lo que debería de pagar un vehículo tipo sedan o pick-up es entre $15 y $20 y un autobús y microbús $170 y $135, respectivamente. Esto es opuesto a las sumas vigentes.
“La escala actual dice que los particulares pagan $35 y los buseros $150 y $125. Pero son estos últimos los que deben de pagar más, no la mayoría de los ciudadanos porque la investigación de riesgos y la realidad de todos los días demuestra que los transportistas provocan el 45 % de los accidentes con sus unidades, ya sea por el mal estado o la imprudencia al volante”, comparó el representante de ASES.
Un reaseguro inexistente
Más allá de los vacíos y la creación de una ley “sin dientes”, ASES reconoce que hay indicios de corrupción y poca transparencia en proyectos como la compra de buses viejos para fundirlos (25 % de “chatarrización”) o el seguro para cubrir el aumento de la siniestralidad (3 %), que en otros términos se trata de un reaseguro.
“¿Cómo es posible que el Fonat hable de reasegurar cuando ellos no son una empresa de seguros ni administran un fondo con naturaleza de póliza? Hay una fuerte contradicción y no se sabe en qué se utilizarán realmente los casi $2 millones de ese concepto”, subrayó Betancourt.
Ante esta duda el director ejecutivo del Fonat, Álvaro Huezo, respondió que el pago va vinculado a “proteger” una política pública y el Fondo en sí, sobre la base de las estadísticas de lesionados. Empero, dijo no tener cifras de cuanto dinero ha percibido el Estado.
“Desconozco cuanto dinero le ha ingresado al Fonat hasta la fecha. Solo sé que Hacienda ha tramitado un 80 % de los informes que la empresa que emite licencias y tarjetas de circulación le ha enviado. Es por esa razón que aún no hemos materializado ninguna indemnización”, indicó.
Una fuente cercana a ASES confirmó que en mayo, Servicios de Tránsito Centroamericanos (Sertracen) experimentó una reducción de un 15 % en los trámites de renovación de los permisos de circulación, algo que está condicionado al incremento del pago promedio de $50 a $90, Fonat incluido.
Por otra parte, Huezo confirmó que el Fonat aún no cuenta con los auditores internos y externos que controlen la gestión de los fondos y que los primeros pagos se iniciarán hasta mediados de junio.
“Creo que tendremos $300 mil para indemnizar a 250 personas con prestaciones por discapacidad desde $50. Pero también debemos invertir en la institucionalidad. No queremos generar más burocracia”, justificó el funcionario.
Sin embargo, al sondear algunos de los 60 empleados que laboran en la única oficina del Fonat incluso se confirmó que aún no han recibido salario, detalle que confirma que el Ministerio de Hacienda no ha transferido el 65 % global que le corresponde al Fonat.
Para Betancourt está claro: con el impuesto no se mejora la atención a las víctimas porque el porcentaje para el Ministerio de Salud es demasiado bajo (apenas $12.25 por contribuyente) y no se le da la libertad al beneficiario de poder elegir entre un sanatorio público o una clínica privada, pagando la diferencia, si el caso lo amerita.
“Nosotros pagamos un 29 % en materia de impuestos y entre más pólizas logramos colocar más gana el Estado. Hasta el momento no vemos reducción en la contratación de seguros pero, dejando de lado esto, duele saber que la propuesta (de ley) que impulsamos quedó en el olvido por el Fonat cuando era respaldada por una ciencia: la de los seguros”, recordó.