Cerca de treinta y un millones de dólares, el equivalente a los presupuestos de los hospitales San Rafael y Maternidad, se busca transferir a la asignación del Ejecutivo, pero sin que den mayores explicaciones de en qué se gastarán y sin que los ciudadanos puedan fiscalizar su uso.
Nuestro país es uno de los pocos donde no se rinden cuentas sobre el uso de fondos públicos, pues los organismos que fiscalizan el gasto y las entidades de gobierno niegan o esconden la información, lo que es impensable en una democracia operante.
En tal sentido la nueva entidad encargada de asegurar transparencia no cuenta con los recursos para llevar a cabo su labor ni parece dirigida por personas idóneas, que no tengan vínculos con el Ejecutivo. Quien preside el nuevo ente tiene una obvia dependencia con el Ministerio de Trabajo –-representa a los sindicatos, en su mayoría oficialistas, ante las autoridades del ramo— y no se conoce mucho del resto.
Pero, además, aunque se sepa en qué se gastan esos millones de millones, no hay sanción para los abusos ni manera de recuperar lo malversado. “Aquí todo es playa”, aunque la playa sea crecientemente insalubre y llena de alimañas.
No consuela saber que en el resto del Istmo, con excepción de Costa Rica, en mayor o menor medida sucede igual. Hay un caso de un expresidente de Guatemala, Portillo, que enfrenta la extradición a Estados Unidos por lavado de dinero, pero como contraste los hondureños no han conseguido enjuiciar al “hombre del sombrero”, a Zelaya, por obvia y documentada corrupción ni se recuperó lo robado por Alemán, en Nicaragua, de quien se dice que, en comparación con los opulentos sandinistas, no pasa de “ratero”.
Ningún presidente militar amasó enormes fortunas
En Costa Rica las cosas son diferentes pues hay dos expresidentes encarcelados, uno fugitivo y se cuestiona la aceptación de la presidenta en funciones, Laura Chinchilla, del uso de un jet privado para hacer un viaje a Lima, a una boda.
Se va más allá: en Costa Rica ningún funcionario público puede aceptar un regalo que sea superior al salario mínimo de un mes. Eso mismo rige, mutatis mutandis, en casi todas las democracias del globo, aunque la oposición francesa, como ejemplo, no objetó el uso de aviones privados y yates por su expresidente, aunque los votantes luego le negaron la reelección para pasar, los franceses, de una “estancia calurosa” al interior de un horno de pan.
Sin duda que debe de ser una delicia incomparable, para los que carecen de escrúpulos, gastar a manos llenas dineros públicos sin tener que darle cuentas a nadie. Piénsese: se sale de viaje, se carga todo a la tarjeta del ministerio o del Ejecutivo, y luego toca a la oficina pública pagarla, como se pagan esas cenas y almuerzos opulentos por una mayoría de los actuales funcionarios salvadoreños.
Esto viene sucediendo desde el cuartelazo de 1979, un golpe de izquierda que rompió con tradiciones de honestidad y manejo probo de recursos públicos. De ningún previo presidente militar, incluyendo al dictador Hernández Martínez, se dijo que había amasado una fortuna inexplicable; inclusive todos ellos siguieron viviendo en las casas que tenían antes de llegar al poder.