Pese a que el PDC, PCN y ARENA intentaron ayer incluir dentro de la Ley de Asocios Público-Privados la salud, la educación, la seguridad y el agua, la moción no tuvo el apoyo del FMLN, ni de Gana, ni de la nueva fracción de legisladores disidentes de ARENA.
Después de que la ley fue aprobada ayer por unanimidad en la sesión plenaria, los diputados Rodolfo Parker, del PDC y Mario Ponce del PCN, abogaron porque se modificara el artículo 3 de la normativa en lo referente a su ámbito de aplicación, pero no obtuvieron los votos suficientes, solo ARENA los apoyó.
El artículo 3 se avaló tal como lo redactaron los legisladores de la Comisión de Hacienda el lunes pasado. Al inciso tercero de dicho artículo, y a petición del FMLN, los diputados excluyeron de los asocios público-privados a la salud, la educación, la seguridad carcelaria y el agua.
Este recurso hídrico no había sido excluido en la propuesta de Ley que el presidente Mauricio Funes había enviado al Congreso el año pasado. Con ese cambio el artículo en mención se diseñó de la siguiente manera.
“Se excluye del ámbito de esta Ley, los proyectos en los sectores de salud, seguridad social, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), seguridad pública, justicia en lo referente a custodia, rehabilitación y trabajo penitenciario de internos, agua, educación, incluyendo la Universidad de El Salvador”, reza el inciso tres.
Ponce, del PCN, lamentó que el agua se excluya de los asocios, ya que según el legislador en el país existe deficiencia del servicio de agua potable, dado que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), no cuenta con los recursos financieros para mejorarla, afirmó Ponce.
El diputado pecenista hace cuentas que en el país se necesitan cerca de $2,000 millones para cubrir al cien por ciento la demanda del recurso, especialmente en las zonas rurales del territorio.
El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano, externó que por un asunto de carácter “ideológico” de parte del FMLN, se limita la inversión en infraestructura que podría mejorar el abastecimiento del agua en el país.
Sin embargo, horas antes de aprobar la ley, Vaquerano indicó que pese a no estar de acuerdo en excluir el agua y a otros sectores de la normativa, lo anterior no sería un “punto de honor” para que ARENA no votara por la ley, en términos generales.
Sin embargo no descartó que en días posteriores la normativa pueda ser modificada. “Toda ley es perfectible”, dijo.
Mientras que su colega de ARENA, Carmen Elena de Escalón, expresó estar de acuerdo en concesionar el agua no sólo en materia de captación del recurso, sino porque descontaminar la zona costera del país requiere de una millonaria inversión, afirmó.
“Además yo le aumentaría la purificación del agua porque toda la zona costera del país está contaminada y la única manera de descontaminar la zona costera es con alta tecnología del primer mundo”, justificó De Escalón.
Durante la discusión del artículo citado, la diputada del FMLN, Lorena Peña, explicó que no comparten la idea de concesionar el agua, pues según dijo, al hacerlo se le está otorgando a una empresa privada el derecho de hacer ganancias a través del suministro de dicho recurso.
“Los proyectos de asocios público privados pasan a un privado un servicio para que lo explote comercialmente, para que le saque lucro y queda debidamente autorizado por el Estado”, argumentó.
El diputado Guillermo Gallegos, de Gana, externó que la ley fue ampliamente estudiada en la Comisión de Hacienda entre el lunes y el martes pasado, y que su bancada la apoyaría tal como quedó redactada con el consenso de los legisladores de la comisión.
“Estas propuestas que surgen así de la noche a la mañana no nos parecen a nosotros, no es que no son serias, pero que no vienen con un estudio que se haya realizado en la comisión, más nos parece que puede existir algún otro tipo de interés y no precisamente de beneficiar a las personas que necesiten el servicio”, reflexionó Gallegos.
El jefe de la nueva fracción de disidentes, Rigoberto Soto, había manifestado antes de la votación que posiblemente apoyarían incluir el agua dentro de la ley, sin embargo, a la hora de votar, los disidentes no lo respaldaron.
Parker, del PDC, no sólo solicitó que se incluyera el agua a los asocios, sino que también la educación desde la básica hasta la universitaria, así como la infraestructura de la seguridad carcelaria.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que se excluya del asocio público privado la realización de obras de infraestructura en materia carcelaria, como en captación de agua, otra cosa es en cuanto a las cárceles, que sea el Estado que tenga el monopolio de cuidar a los reos, pero otra cosa es la infraestructura”, dijo.
Cuestionó que entre el artículo 2 y 3 de la ley existe una evidente contradicción, ya que por un lado en el dos se menciona que las instituciones autorizadas para hacer concesiones son, además del Órgano Ejecutivo y sus dependencias, también las entidades autónomas. En este rubro se encuentra la ANDA.
Mientras que en el artículo 3 se inhibe a dicha institución de esa facultad al excluir el agua de las concesiones del Estado, explicó Parker.
Argumentó que en el caso de la Universidad de El Salvador, la institución educativa ya cuenta con asocios privados en la implementación de programas de excelencia universitaria que han dado buenos resultados, aseveró.
Sin embargo, el PCN sólo apoyó el tema de incluir el agua y la infraestructura de las prisiones a los asocios, no así en la parte educativa.
“En educación no estamos de acuerdo, que no exista ni el mínimo peligro de privatización, en el caso de la estructura carcelaria sí”, aseveró el diputado del PCN, Antonio Almendáriz.
Al respecto, un grupo de personas que se identificaron como miembros de organizaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador y de organismos de protección al agua, llegaron ayer al pleno a exigirles a los diputados que no aprobaran la ley.
Según se leía en los carteles que portaban los protestantes el aval de la normativa vendría a “privatizar” los servicios básicos, esto pese a que fue aprobada dejando por fuera la concesión del agua y la educación.
Sus reclamos inundaron de ruido el Salón Azul, por lo que en tres ocasiones el presidente del Congreso, Sigfrido Reyes, del FMLN y la diputada De Escalón, de ARENA, tuvieron que pedirles silencio.
Sin embargo, los diputados sí lograron consenso en modificar el artículo 13 sobre la integración del Consejo Directivo de la Dirección de Asocio-Público Privado (DAPP).
La petición de la diputada de ARENA, De Escalón, de incluir un miembro más al Consejo que represente al sector privado fue respaldada con 72 votos de los legisladores de todos los partidos políticos.
El Consejo Directivo de la DAPP estará integrada por los ministros de Economía, quien lo presidirá, de Hacienda, de Obras Públicas, de Agricultura, el de Turismo, así como por el Secretario Técnico de la Presidencia, y con la reforma de ayer, también por un representante de la empresa privada del país.
Recomendación Fusades
José Ángel Quirós, director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) llegó ayer a la Asamblea y dijo que se había reunido con el PCN, el FMLN, ARENA y la fracción de los disidentes para hacerles recomendaciones de algunos artículos de la ley que podrían frenar la inversión privada. Quirós mencionó que un factor clave en la ley que puede disminuir la atracción de los inversionistas al país es el hecho de que todos los proyectos deberán pasar por el aval de la Asamblea Legislativa no sólo una vez, sino tres veces por la lupa legislativa.
“Lo que sí cuestionamos es que tenga que venir tantas veces a la Asamblea, en este caso, tiene que ver los términos de referencia, las bases de licitación y la aprobación del contrato, eso nos vuelve menos atractivos, donde la aprobación (en otro país), se puede dar donde no hay que ir a la Asamblea o se puede ir una sola vez , afirmó.
Añadió que esto es lo que han experimentado en intercambios promovidos por el Banco Mundial (BM) con expertos en asocios públicos de Uruguay, México y Perú.
Sobre las exclusiones, Quirós recomendó que entre menos hayan es mejor. Ejemplificó que el país necesitará de inversiones fuertes en turismo para la zona costera complementarias a la posible implementación de la segunda fase de Fomilenio. “Nos parece un error dejar un sector tan importante para la población por fuera”, dijo.
A criterio de Quirós, no hay que cerrarse a todos los proyectos en general. Es de la idea que se deberían de clasificar los planes no por sector sino por proyecto.
La ley será enviada al Ejecutivo para su aprobación. Los diputados no descartaron realizarle cambios, en caso que Funes la devuelva con observaciones o que la vete.