Para más de 15 mil empresarios salvadoreños, el cuarto año de gobierno del presidente Mauricio Funes ha profundizado la coyuntura de bajo crecimiento económico, no ha disminuido el endeudamiento y el gasto corriente y ha generado incertidumbre ante la falta de políticas para resolver el problema de inseguridad como extorsiones y homicidios.
La base de estas conclusiones es que, por segundo año consecutivo, la Presidencia de la República fue la entidad gubernamental que sufrió un mayor deterioro de percepción en el sector, cayendo de un puntaje de 3.8 a 2.2 (escala de 1 a 5) que se traduce en un “mal desempeño”, según la encuesta realizada en la XIII edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade), celebrado en abril.
“Todas las instituciones y dependencias del gobierno central, desde Casa Presidencial hasta las autónomas, han decaído en la evaluación y apreciación de nuestro gremio. Esto refleja que no hay soluciones concretas a los principales problemas del país”, analizó Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Por ello entidades y funcionarios de la Vicepresidencia (1.7), Ministerio de Agricultura (2.0), Secretaría Técnica (2.2) y Ministerio de Hacienda (2.2), entre otras, no logran una ponderación positiva debido a deficiencias en aspectos como el poco desarrollo de la producción del campo, baja atracción de inversión extranjera y nula austeridad en las finanzas públicas.
En contraste, los únicos actores de la dinámica social y jurídica que trascendieron son la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (3.6) y las Fuerza Armada (3.2), con una caída significativa de los partidos políticos que bajaron de 2.9 a 1.5 y los diputados de la Asamblea Legislativa, cuya calificación para la ANEP “se desplomó” de 2.8 a 1.4.
“Cada una de las instancias que confirman la democracia debe mejorar en su forma de elegir candidatos y funcionarios, cimentando la independencia entre los órganos del Estado y elevando los niveles de transparencia para que el país sea competitivo ante los mercados internacionales”, subrayó Daboub.
El estudio realizado por la encuestadora Research and Planning además arroja que 55% de las pequeñas, medianas y grandes organizaciones empresariales sufrió durante los últimos 12 meses alguna expresión de la inseguridad, algo que va acompañado de el 51.1% que gasta más de $5,000 por pago de seguridad privada anual.
“La mayoría de empresarios no están de acuerdo con la política de municipios santuarios y la tregua en si. Y además el 49.8% ve incumplimiento de las leyes cuando deben de ser aplicadas a pandillas o a otros grupos delincuenciales. Eso agrava la situación”, recordó el líder sectorial.
Se debe reducir gasto
Ante la interrogante de cómo se puede resolver el problema fiscal en el país, la ANEP y sus 50 gremiales son contundentes: se debe disminuir el gasto público y el despilfarro (55.6%) y no ampliar la base tributaria.
Eso sí, 22% de empresarios considera que es clave combatir la evasión y el contrabando, acompañado de condiciones de estabilidad política puesto que, 70.3% considera que actualmente hay “incertidumbre y poca predictibilidad” en el contexto.
Por otra parte, 45% de los empresarios pide eliminar estrategias focalizadas como el subsidio al sistema de transporte colectivo y le solicitan al gobierno “concentrar las medidas en las familias más pobres”, sobre todo al gas licuado, energía eléctrica y agua potable.
Otro problema que complica la balanza comercial nacional es que el 38.7% de sectores como industria y alimentos visualizan poco avance en la simplificación de trámites para importar o exportar, ademas de un aumento en los tiempos de atención para aperturar o ampliar inversiones.
“Nosotros insistimos que no se puede elevar la generación de empleo mientras la inestabilidad política, la delincuencia y los trámites burocráticos sigan empeorando, como ha sucedido en el último año. Y además vemos un manejo inadecuado de los recursos de los salvadoreños, sobre todo aquellos destinados a subsidios que solo alimentan el populismo”, puntualizó Daboub.
Para realizar esta investigación se sondeó a un 40.3% de grandes empresarios, 26.2%; medianos y 28.4% pequeños, quienes reconfirmaron que invierten en total $650 millones en seguridad privada.