Entre los puntos principales que el FMLN propone en su anteproyecto de Ley de Asocios Públicos-Privados, paralelo a la del Ejecutivo, está la creación de un ente especial que regirá los contratos que se realicen bajo esta modalidad, el cual funcionará con un aporte inicial del Estado.
El plan presentado por el presidente Mauricio Funes designa a la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) como la entidad que velará por dichas actividades.
Sin embargo el proyecto del FMLN habla de una entidad jurídica distinta denominada Dirección Nacional de Proyectos de Participación Público Privada (Dinap), como una “entidad descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico y con autonomía administrativa para el ejercicio de las atribuciones y deberes contemplados en la presente ley”, reza el artículo 16 del anteproyecto de ley del FMLN.
Este es uno de los puntos que ARENA considera viable. La diputada tricolor, Carmen Elena de Escalón, no descartó que el partido se decante por crear una institución distinta a Proesa, ya que esta no ha sido creada aún por decreto legislativo y, según de Escalón, tendría que asumir no sólo el rol de atraer la inversión, sino de fiscalizarla.
Entre las funciones que le corresponderían a la Dinap se encuentran la de proponer al presidente de la República las políticas de proyectos de “participación público privado”.
Y es que en la propuesta del FMLN no se habla de asocios, sino de “participación”, porque según el vocero del FMLN, Roberto Lorenzana, es más apropiado el cambio de nombre en la ley, ya que a su juicio el Estado no está proponiendo empresas mixtas, sino concesiones que estaría facilitando a empresas privadas.
Para de Escalón, lo anterior es parte de la “alergia que sufre el FMLN” cuando se trata de capitales privados. Trajo a cuenta que el FMLN ya tiene un “asocio público partidario” con Alba Petróleos y que nadie fiscaliza, dijo.
Otra de las competencias de la Dinap sería “aprobar los proyectos de participación público-privado, sus bases de licitación y sus proyectos de contrato y modificaciones contractuales en los términos establecidos” en la ley, entre otras responsabilidades, según versa el artículo 17.
La propuesta del FMLN también amplía en el artículo 3 los sectores que serán excluidos de los contratos.
“Se excluye del ámbito de esta ley los proyectos en los sectores de salud, seguridad social, incluido el ISSS, seguridad pública, justicia en lo referente a educación, readaptación, custodia, rehabilitación y trabajo penitenciario de internos, dentro del sistema penitenciario; agua, educación, incluyendo la Universidad de El Salvador”.
En cambio la del Ejecutivo únicamente se refería a los proyectos de salud, seguridad social, seguridad pública y educación formal.
Anteriormente Lorena Peña, del FMLN, había manifestado que se oponían totalmente a contratos en el área de salud y educación, pero que en el de las cárceles podrían analizarlo. Sin embargo, en la propuesta presentada el lunes pasado cerraron por completo esa opción, y ayer Lorenzana lo reiteró. “Tampoco estamos de acuerdo que se concesione la seguridad pública”, afirmó.
Sobre lo anterior, de Escalón explicó que debe diferenciarse lo que es la concesión de la infraestructura de los servicios médicos, educativos o de seguridad en las cárceles.
A su criterio, al Estado le saldría más barato hacer un asocio para que un privado construya un hospital y sólo pagar el alquiler del mismo durante el tiempo que dure el contrato que tener que invertir una gran cantidad de dinero, al igual que podría ocurrir con un asocio para desarrollar el aeropuerto internacional de Comalapa, donde el gobierno necesita de grandes inversiones que no posee, reflexionó.
Otro tema es el monto de la inversión que el FMLN plantea, el cual es mayor que la del Ejecutivo. Funes propone que deberá superar el equivalente a 45 mil veces el salario mínimo mensual vigente del sector comercio y servicios. En cambio, el FMLN dice que deberá superar el equivalente de 90 mil veces el salario mínimo mensual vigente del sector comercio y servicios.
De Escalón cree que no se debe limitar la inversión, ya que el país no goza de muy buena calificación de riesgo.
En el plan del Ejecutivo se diferencia por montos de inversión si los contratos deberán pasar antes por la autorización de la Asamblea Legislativa, en tanto que en la del FMLN todos los asocios deberán ser avalados primero por el Congreso.