Marcia Aguiluz, directora regional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señaló el martes pasado que el Estado salvadoreño no ha hecho caso a la orden emitida el 29 de abril por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en donde ordenó aplicar “medidas cautelares” en el caso de Beatriz.
Aguiluz explicó que “medidas cautelares” se refiere a medidas de protección. “La comisión decidió decirle al Estado que tenía que aplicar el tratamiento médico que había señalado el comité médico”, expresó la representante de Cejil. Además acusó que ante la actitud del Estado está incurriendo en responsabilidad internacional, lo que podría provocar una condena internacional por no respetar las obligaciones internacionales, añadió.
“No está respetando (el Estado) los derechos de Beatriz, no está respetando su derecho a la salud, a la integridad personal. Hay quienes afirman que ella no está al borde de la muerte”, dijo.
Morena Herrera, representa de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, comentó que Beatriz ya no busca un aborto como tal, sino que le induzcan el parto porque está casi en su semana 23 de gestación, procedimiento que podría ser legal, pero los médicos temen ser perseguidos porque la ley no establece cuándo deja de ser un aborto. Por lo que los expertos están a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Los agrupaciones no descartan presentar una demanda contra el Estado dada la omisión que ha tenido en el caso.