El objetivo del gobierno con la reciente aprobación de la Ley de Asocios Público-Privados, de incentivar la inversión en obras estatales de gran envergadura, no se logrará debido a la “excesiva burocracia” que los diputados han avalado en la ley para quienes tengan interés de invertir en el país.
Así opinaron el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán; el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio; y el director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro.
Los representantes de estas entidades concuerdan en que la propuesta de ley que presentó el presidente Mauricio Funes hace un año se adecuaba más a la realidad del país.
Según los expertos con varias medidas adoptadas en las reformas que los diputados hicieron a la ley del Ejecutivo, en vez de promover la inversión los legisladores la han frenado.
“Es comprensible que los diputados quieran poner los candados apropiados para que no haya abuso, en lo que no estamos de acuerdo es en la manera que han encontrado, es tan burocrática que al final será tan complicado un asocio que la ley no va a funcionar, no va a servir al propósito de atraer inversión para que se puedan mejorar los servicios”, reflexionó Simán.
De hecho, el empresario afirmó que desde el viernes se encuentran analizando la redacción de la normativa tal como fue avalada por los diputados. El gremio empresarial espera enviar a Funes un pliego de propuestas de reforma antes de que el mandatario la devuelva a la Asamblea.
“Quisiéramos poder hacerlas llegar al Ejecutivo, para que las tome en cuenta antes de sancionarla (la ley)”, externó Simán.
Funes felicitó ayer en un comunicado oficial a los diputados por la aprobación de la ley de asocios. Celebró que hayan dejado a un lado los intereses partidarios, dijo. La normativa fue avalada por unanimidad en el Congreso.
Castro, de Fusades, también criticó de “burocracia” que el inversionista tenga que acudir tres veces a la Asamblea Legislativa para obtener el aval a su proyecto de inversión. Lo anterior la vuelve una normativa “inoperante”, lamentó.
El director ejecutivo de Fusades, José Ángel Quirós, también lo hizo ver el pasado jueves a los diputados antes de que estos aprobaran la ley.
Quirós dijo que sujetar a la autorización del Congreso los términos de referencia, así como las bases de licitación y el contrato, no coloca al país en una situación de competitividad con otros países en donde sus legisladores solo autorizan los convenios, por tratarse de una deuda pública.
“Nos parece innecesario que tenga que ir (el proceso) tres veces a la Asamblea Legislativa. La Constitución es clara que con una vez basta, ya sea que fuera el contrato o las bases. Esta aprobación es un desincentivo y tiene el efecto contrario de atraer inversión”, indicó Castro.
En tanto que Rubio, director de Funde, cree que el haber creado una entidad rectora especial para la aplicación de la ley no era necesario, y que eso pondrá más trabas a la ejecución de la normativa.
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso el jueves pasado, la ley estará regida por la Dirección de Asocio Público-Privado (DAPP), con integrantes de varios ministerios y uno del sector privado.
Rubio considera que los titulares de las carteras de Estado responsables de dirigir la entidad no tendrán el tiempo suficiente para dedicarlo a esa tarea, ya que tienen sus propios compromisos ministeriales, y que además, se trata de un trabajo más técnico.
En la propuesta original de Funes la institución encargada de velar por el cumplimiento de la ley era la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), pero los diputados acordaron formar la DAPP que será presidida por el ministro de Economía.
“Que conviertan a Proesa en la instancia que se hará cargo de esto, es una instancia especializada, que no metan a tanto ministro que están en el día a día. Hubiera preferido una instancia más expedita, más especializada, más técnica”, argumentó Rubio.
Castro también opinó sobre la entidad rectora. Considera que Proesa era la indicada para regir la ley. Explicó que técnicos de esa entidad ya se estaban preparando para afrontar su implementación. Recomendó que lo mejor hubiera sido “remozar” a Proesa.
El tema también se abordó en las discusiones previas al aval de la ley. La diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón, así como el director de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), Ismael Nolasco, hicieron hincapié en hacer de Proesa una entidad por decreto legislativo para robustecerla.
Por esto, Castro lamentó que la ley de asocios, se sumará a otras como la de Acceso a la Información Pública y la de Desarrollo Territorial que han sido “inoperantes”, dijo.