L a falta de atención al sistema penitenciario, un débil combate al crimen organizado y a la delincuencia común, así como la carencia de políticas de prevención, son algunas de las deficiencias que han caracterizado a este gobierno en el área de Seguridad Pública.
En eso coinciden analistas que señalan que la población no percibe que la tan afamada tregua entre las pandillas haya aliviado los problemas de violencia y delincuencia que azota el país.
En un informe de Fusades se retoman los cuestionamientos planteados por distintos actores nacionales e internacionales sobre la tregua pandilleril.
Una de esas críticas es por la aparente falta de transparencia alrededor del pacto entre pandillas; otra es por el poder político y operativo que pueden adquirir las maras tras este proceso; y, finalmente, se duda que estos grupos tienen una verdadera voluntad de abandonar sus actividades delictivas.
El criminólogo y articulista de El Diario de Hoy, Carlos Ponce, cree que el gobierno de Funes nunca ha tenido una estrategia articulada para enfrentar a la criminalidad y, sobre todo, a las pandillas.
Sostiene que el exministro Manuel Melgar quiso impulsar un proyecto político de la seguridad pública, mientras que su sucesor, David Munguía Payés, tuvo que acceder a una supuesta negociación con las maras para que dejaran de matarse.
“Lo menos que ha hecho este gobierno es combatir de forma contundente a las pandillas”, dice Ponce. En su opinión, la extorsión es uno de los problemas de seguridad que el gobierno aún esta pendiente de resolver.
También el exministro de Seguridad Pública, Francisco Bertrand Galindo, opina que este gobierno “ha perdido los esfuerzos de prevención de la delincuencia que se traían desde los gobiernos anteriores; el manejo del sistema penitenciario ha sido negligente porque se permitió llegar a altos niveles de hacinamiento”. Bertrand Galindo observa que no ha habido un adecuado combate del crimen organizado, y que existen carencias en el combate de la delincuencia común que es la que más está afectando al ciudadano en la calle.
“Los ciudadanos, a pesar de la baja de los homicidios, a pesar del tema de la tregua, siguen considerando la seguridad como uno de los más grandes problemas”, dijo Bertrand Galindo. “Ellos no pueden caminar en las calles porque se sienten con miedo a los asaltos en las paradas de buses, asaltos en los buses, y al robo de celulares”, agregó.
En su evaluación de las dos administraciones anteriores de Seguridad que ha tenido este gobierno, Bertrand Galindo asegura que Manuel Melgar tuvo una visión centrada en los derechos del delincuente más que en la víctima. Él llegó, sostiene Bertrand Galindo, con una visión política-ideológica y descuidaron a la Policía.
David Munguía Payés llegó a tratar de rescatar la institucionalidad de la Policía para hacerla más efectiva en contra del crimen, según Bertrand Galindo, pero que “en ambos momentos no hubo un plan de gobierno definido y sostenible para combatir la criminalidad”.
Otros analistas consultados, lejos de cuestionar la transparencia de la tregua, explicada por las autoridades en su momento, dicen que ahora lo importante es evaluar si ese proceso es capaz de reducir los homicidios de forma permanente.
Explican que existe una visión equivocada de que solo las pandillas están extorsionando, porque también hay grupos delictivos que se aprovechan de la situación para chantajear a las empresas.
Creen importante que las autoridades del Ministerio de Seguridad realicen los estudios técnicos necesarios para tener un panorama completo del comportamiento de la extorsión.
Sostienen además que no hay indicios de grandes operaciones del narcotráfico y del crimen organizado ni tampoco existen las condiciones en El Salvador para que pueda ser considerado como una “buena plaza” para el lavado de dinero.
La PNC, concluyen, tendría que tener estudios técnicos sobre el comportamiento de la delincuencia común y la organizada de forma permanente, de tal manera que les pueda servir para orientar las estrategias del combate a la criminalidad.