La reforma al sistema de pensiones, que el Gobierno estudia desde hace varios meses, pretende reducir el monto de pensión que reciben aquellos jubilados del sistema anterior que ganen más de 800 dólares al mes, según dijo ayer el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, durante una entrevista televisiva.
“Lo que nosotros buscaríamos es lo siguiente: el 80 % de los jubilados (del sistema antiguo) reciben pensiones menos de $800, y el 20 % recibimos arriba de $800, o sea que esta población que recibimos arriba de $800 recibimos un subsidio. Yo creo que cualquier mecanismo de ajuste de pensiones debe estar orientado a reducir ese subsidio a los grandes pensionados y ajustarlo a la realidad, porque el Estado no puede seguir subsidiando a gente con 4,000 dólares de jubilación”, recalcó Cáceres.
Según el funcionario, hay un 20 % de jubilados que reciben más de $800 de compensación, un beneficio que les heredó el antiguo sistema de pensiones, pese a que la cantidad que cotizaron en su vida laboral no era suficiente para darles dicha cantidad.
Con ese nivel de cotización, estas personas deberían estar recibiendo el 45 % del salario real (que tenían cuando trabajaban), pero por el contrario, están recibiendo el 70 %, lo que obliga al Estado a pagar el resto.
La brecha entre ese 45 % y el 70 % es lo que los asalariados están pagando a través de sus impuestos explicó. Según Cáceres, ese dinero es un subsidio similar a cualquier otro que se entrega actualmente, como el subsidio al gas propano o la energía eléctrica.
¿Queremos seguir subsidiando a esa población?, se preguntó, durante la entrevista.
También detalló que con solo el 13 % de cotización de los cotizantes de hoy solo alcanza para cubrir ese 40 a 45 % del salario regulado, por lo que el Estado debe pagar el resto, hasta completar lo que falta para pagar el 70 % a estas personas, llamadas por Cáceres como “los optados” (que cotizando con el sistema anterior, optaron por el nuevo sistema, implementado en 1998.
Esta propuesta, hecha por el Ministro es solo una pista de un diagnóstico más detallado que está elaborando el Gobierno y que, según el superintendente adjunto de pensiones, Omar Iván Martínez, incluye porcentajes de cotización y años de jubilación, entre otras medidas que servirían para desahogar el sistema. “La medicina es fea, pero la tenemos que tomar”, dijo Martínez, en febrero.
En Europa, debido al alto endeudamiento público, Gobiernos como el de Grecia, España y Portugal han reducido las pensiones a los jubilados, como una medida para frenar el déficit fiscal de sus países.
En El Salvador, el tema ya fue advertido por analistas, quienes han urgido al Gobierno a presentar reformas antes de que el problema se agrave.
Por esas pensiones el Gobierno ha desembolsado $480 millones anuales, un dato que según el funcionario, incrementa la deuda del Gobierno, que ya alcanza una cota del 55 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Según Cáceres, del 3.4 % del déficit fiscal, 1.8 % corresponde al pago de pensiones.
“Más de la mitad del problema fiscal es por las pensiones”, justificó el funcionario.
La propuesta para reformar las pensiones aún está en estudio. Según Cáceres, el diagnóstico será presentado muy pronto. Con él se podría establecer cuál es el principal problema y las posibles soluciones.
El Fideicomiso
El origen y a la vez el fin del problema previsional se remonta a 1998, cuando el Gobierno de Armando Calderón Sol decidió que administradoras de pensiones privadas tomaran el sistema en sus manos y crearan cuentas individuales.
Al cambiar el sistema, el Gobierno puso freno a la imparable deuda, que si no se hubiera cambiado, ahora sería insostenible. “Lo que hizo la administración Calderón Sol fue detener la acumulación de esta deuda, haciendo que desde el momento de la reforma los futuros pensionados acumularan sus propios ahorros, de tal manera que el estado no iba a asumir deuda por ellas”, opinó el ex ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, en su columna de Observador Político.
La deuda se detuvo, pero en 2006, el Gobierno creó un Fideicomiso de Obligaciones Previsionales para pagar las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP porque el Gobierno no tenía la capacidad para hacerlo.
Con esta ley, se obligó a las administradoras de pensiones a invertir sus fondos en Certificados de Inversión Previsional (CIP), que cada vez han ido perdiendo rentabilidad en su tasa de interés, generando una mínima ganancia para las pensiones de los cotizantes de hoy.
Además, solo pueden invertir en el país y no en el exterior, lo que limita la rentabilidad que este dinero podría ganar y con ello beneficiar al futuro jubilado.
Pero “si no tuviéramos el fideicomiso, a estas alturas estuviéramos en una debacle”, dijo ayer el ministro Cáceres, al referirse al sistema.
Para Hinds, el tema de la deuda no se centra solo en el tema de pensiones, como lo ha señalado el Gobierno en anteriores ocasiones.
La deuda, en su gran mayoría, está ligada al bajo crecimiento económico que ha alcanzado el país en los últimos años y en el gasto, según la opinión de Hinds.
Los cotizantes del sistema actual (totalmente privado), que comenzarían a jubilarse entre 2016 y 2017 no tendrían problemas pues su cuenta de pensiones, al ser individual, les repartirá su dinero por un determinado número de años, que se espera que viva.
Además, cada uno de los tres candidatos presidenciales está haciendo sus propios análisis sobre el sistema de pensiones pues, en caso de que lleguen a ganar en 2014, tendrían que asumir esa responsabilidad fiscal y lograr un balance de sus finanzas.
La administración Funes espera presentar el diagnóstico este año, pero no prometen reformarla en el periodo.
Más impuestos
Lo que es innegable es que este Gobierno ha conseguido más dinero que cualquier otro a través de la recaudación de impuestos y deuda en el exterior. Cáceres confirmó ayer, que desde 2009 a la fecha se han recaudado $850 millones adicionales, lo que elevó la tributación al 15.5 % del PIB.
Y aún así, el Gobierno está planeando llevar este porcentaje al 16.4 % y recaudar, este año, un total de $4,000 en impuestos. El Ministro aseguró que entre las propuestas está aumentar los tributos a los bienes de lujo y transferencias bancarias, entre otros.
Solo con las últimas reformas tributarias, el Gobierno ha logrado que las empresas paguen $116 millones más, un dato que puede ser positivo para el Gobierno, pero ha quebrado empresas, que han sacrificado empleos e inversión para pagar tributos.