“Fitch puede dar misa si quiere”, afirmó ayer el viceministro de Vivienda, Roberto Góchez, al poner en duda los datos que dieron pauta a la reciente baja de calificación a Fonavipo, que pasó de ser categoría “A” a “D”.
La pérdida en la calificación se dio porque el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) no honró una cuota de $10.4 millones que debía pagar al BCIE, el 16 de mayo. El organismo financiero ha prestado $50 millones a Fonavipo para el programa Casa para Todos, bajo el cual construyeron los proyectos Procavia y Santa Lucía en Santa Ana.
Góchez negó que solo hayan pagado el 7 % como dice Fitch. Según él han pagado casi el 50 por ciento de los $10.4 millones. “Fitch puede dar misa si quiere”, dijo el funcionario cuando le cuestionaron lo dicho por la calificadora de riesgo. Dijo que respeta el informe de Fitch, pero no lo comparte.
La calificadora de riesgo asumía que el Estado salvadoreño debería de tener la disposición de apoyar financieramente a sus instituciones, si fuera necesario, pero “eso es un supuesto de Fitch, aunque no hay una ley que lo establezca… Se asume que por ser el dueño de estas entidades tendría la disponibilidad de apoyarlas”, afirmó René Medrano, analista senior de Fitch El Salvador al detallar sobre la baja de la calificación.
Fitch Ratings, además, decidió emprender la revisión de las calificaciones de otros cuatro entes estatales: El Banco de Fomento Agropecuario (BFA), el Banco Hipotecario (BH), el Fondo Social para la Vivienda (FSV), y el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
El viceministro defendió la gestión que se hizo para no caer en el impago. Asegura que ante la poca demanda por las viviendas en Santa Ana presentaron el 11 de febrero una solicitud a Hacienda, el que a su vez gestionó ante la Asamblea Legislativa emisión de certificados de inversión por $40 millones. Pero la comisión de Hacienda de la Asamblea resolvió el 15 de mayo, una día antes de plazo fatal, someter a votación la emisión de los certificados. Esto no alcanzó los 56 votos.
De lo que está seguro el viceministro es que solventarán el impago para lo cual esperan se resuelva pronto esa emisión de bonos, pagar y “al día siguiente” subir la calificación. Algo que en la realidad no es tan fácil ya que las calificadoras emiten sus informes con otra periodicidad. “No es cosa de tirarse al suelo y llorar, la segunda cuota se pagará en agosto”, dijo Góchez antes de atestiguar la presentación del “Perfil de la Vivienda en El Salvador”, un nuevo “insumo” para la política de vivienda, algo que para algunos asistentes no soluciona el problema de la vivienda y porque cada año hay más personas en marginalidad.