Tal parece que al menos dos laboratorios internacionales y el Gobierno han llegado a un acuerdo para evitar la salida definitiva de decenas de medicamentos del mercado salvadoreño que no podían cumplir con el precio máximo fijado por las autoridades.
Vicente Coto, titular de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), aseguró ayer que Eli Lilly y Astra Zéneca “ya prácticamente tomaron la decisión de dejar sus productos en el país”.
Tras la entrada en vigencia de la Ley de Medicamentos, ambos laboratorios, sumados a Pfizer y Roche, anunciaron que retirarían alrededor de 38 productos debido a que los costos superaban el precio que estipula la entidad reguladora, lo que provocó que los salvadoreños acudieran a las farmacias en búsqueda de las últimas cajas de medicamentos para tratar enfermedades depresivas, inflamatorias, infecciones y cardiovasculares, entre otras.
Aunque la recomendación inicial de las autoridades fue recurrir a otras opciones con los mismos componentes, el presidente de la República, Mauricio Funes, anunció el sábado pasado que se había reunido con la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) —a la que están asociadas las cuatro firmas— para encontrar un mecanismo que les permitiera dejar los productos en El Salvador y con el que cumplieran el precio máximo.
La solución propuesta por el Gobierno es que las farmacias compren directamente a los laboratorios los fármacos, en lugar de hacerlo a través de las droguerías, que aumentan en un 28 % el precio del producto, según las autoridades.
Los laboratorios Eli Lilly y Astra Zéneca han aceptado la modalidad, mientras que Pfizer y Roche —que manejan un portafolio con alta demanda en el país— aún lo analizan, afirmó ayer el director de la DNM.
Vicente Coto explicó que si los establecimientos de venta de medicamentos no utilizan intermediarios sí podrán comercializar los productos a los precios fijados.
Se trató de obtener la reacción de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Diprofa), que aglutina a las droguerías; sin embargo, el presidente de la gremial, Mauricio Santamaría, dijo que el sector al que representa no fue invitado a la reunión que sostuvo Funes con Fedefarma, por lo que no podía emitir ningún comentario.
A la fecha ya hay 10 cadenas de farmacias, que abarcan el 70 % del mercado —según Coto— dispuestas a participar de este mecanismo, pero agregó que la posibilidad está abierta para el resto de las cadenas que quieran participar.
Las farmacias San Nicolás, Las Américas, Camila, Guadalupe, Virgen de Guadalupe, Beethoven, La Buena, Brasil, Uno y Cefafa se harían cargo de vender productos como Crestor, Nexium, Tenormín y Zestril.
“La idea es favorecer a la población y que si el médico le prescribe un producto esté presente en el mercado”, afirmó Coto.
Sin embargo, de la respuesta de Pfizer y Roche depende también que regresen al mercado casi la mayor parte del listado de 38 productos retirados. Entre ellos se encuentran medicamentos como Lipitor, Lopid, Lyrica, Viagra, Xenical, Epamin, Valium, Bactrim, entre otros.
Francisco Saca, de farmacias Beethoven, confirmó que la Dirección de Medicamentos les ha propuesto la posibilidad de negociar directamente con los laboratorios, así como una línea de financiamiento, y añadió que están abiertos al mecanismo.
“En el caso de que a mí me lo ofrezcan yo estoy en la mejor disposición de comprar y ofrecerle el producto al cliente”, dijo Saca.
Pequeños, en desventaja
Sobre la iniciativa del Ejecutivo, el presidente de farmacias Económicas, Miguel Lacayo, explicó que si se consuma el acuerdo será positivo para los consumidores contar con los medicamentos de las firmas; sin embargo recalcó que será una solución que pondrá en riesgo a las farmacias más pequeñas, que no tendrán la capacidad ni el capital para realizar compras directas con las farmacéuticas.
“El gobierno está promoviendo un negocio para que se consoliden y se agranden las cadenas de buen tamaño y los pequeños queden en desventaja”, sostuvo el también exministro de Economía.
Lacayo añadió que otra dificultad con la que podrían tropezarse las farmacias es la del financiamiento.
Esta función la han cumplido las droguerías, a las que los negocios les cancelan 60 días después de haber recibido un producto, y que también se hacen responsables por el vencimiento de pedidos de medicamentos.
“¿Si a una farmacia se le vende el producto quién le responde? Tendrá que entenderse con el laboratorio y eso aumenta sus costos”, reflexionó Lacayo.
Coto enfatizó que Funes ha dado instrucciones a la banca estatal para pongan créditos a disposición del sector; no obstante, el presidente de farmacias Económicas puso en duda que el Gobierno inyecte fondos a las farmacias, cuando no lo ha hecho con agilidad en sectores como el de vivienda.
Por otro lado, cerrarse el acuerdo entre el Gobierno, los laboratorios y los negocios de venta de medicamentos, el ahorro no será instantáneamente del 28 %.
De hecho, el representante de farmacias Económicas dijo que el margen bruto de ganancias de las droguerías no sobrepasa el 20 %, y argumentó que solo el flete, los trámites, el almacenamiento, el financiamiento y el regente le terminarán costando a las farmacias entre 8 y 10 %.
A eso habrá que sumarle la ganancia que estos negocios querrán tener por realizar el servicio de importación, afirmó Lacayo, y que no será menor al 3 %, detalló, por lo que a final el ahorro que percibirá el cliente no será tan elevado.
Aunque todavía no hay un acuerdo firmado, Coto aseguró que los acuerdos a los que han llegado son bastante formales y que ahora solo resta cumplir trámites.