SAN MIGUEL. En diciembre del año pasado, la municipalidad creó la figura de “licencias” para el funcionamiento de negocios. A partir de ello creó una tabla para gravar cada una de las actividades económicas en la cabecera.
Eso ha causado mucho malestar a los empresarios migueleños, que han guardado silencio en los últimos cuatro meses, pero que ya se enfrentan a las altísimas cantidades que la comuna pretende.
Por ello rompieron el silencio e incluso ayer, la Asociación de Empresarios Migueleños (Asoem) interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra de las licencias creadas por la comuna.
Aseguran que la aprobación de esa figura no es más que nuevos impuestos que la comuna creó de forma ilegal.
A Roger Benavides, miembros de ese asocio de empresarios, le parece que los cobros son exagerados porque, según él, los bancos de franquicia internacional deberán pagar 24 mil dólares anuales por cada una de sus sucursales en la ciudad, según las nuevas disposiciones edilicias.
Mientras que la banca salvadoreña cancelará 12 mil dólares anuales, aseguró.
Otra actividad comercial afectada es la de los restaurantes, sobre todo los de comida rápida de franquicia internacional. Pagarán 2,600 dólares anuales en concepto de licencia.
En este nuevo impuesto, los empresarios migueleños ven una profunda injusticia.
Quienes se dedican a la venta de autos usados deben pagar una licencia similar a la que pagan las empresas que venden vehículos nuevos.
Mientras que quienes venden llantas usadas para autos pagan lo mismo que quienes venden llantas nuevas.
Para algunos rubros se trata de un impuesto nuevo, pero para otros es un nuevo giro a uno existente, que en algunos casos se aumentó hasta en un 900%, como en el caso de la venta de licores.
Eso a pesar de que fuentes del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem) dicen que las alcaldías solo pueden realizar aumentos en un 50 por ciento en relación a los montos que han estado vigentes.
Otros empresarios que hablaron bajo anonimato afirman tener miedo de dar sus nombres porque temen represalias, ya que hay un acoso hacia el sector, afirmaron.
“Aquí en el centro hay gente que hace muebles de madera artesanalmente y les han grabado cantidades iguales a las que pagan los almacenes Salgado o los almacenes Duran Turcios, y con eso lo que están haciendo es quebrando estos pequeños negocios”, dijo un empresario.
Los negocios que alude este empresario son propiedad del alcalde migueleño y de Antonio Durán, uno de sus concejales más cercanos.
Pero más allá del dime y diré, los empresarios, tras un amplio análisis, identificaron un posible vicio de inconstitucionalidad sobre el que han fundamentado el recurso.
El vicio
Los empresarios analizaron ampliamente el nuevo impuesto y concluyeron que la municipalidad solo está facultada legalmente para revisar y ajustar las tasas por servicios, no la creación de impuestos nuevos.
Y con base al marco legal determinaron que los nuevos impuestos solo pueden ser aprobados por la Asamblea Legislativa, no por el concejo edilicio, por lo que presentaron el recurso de inconstitucionalidad.
El alcalde Wilfredo Salgado se mostró indiferente ante el recurso. “Ellos están en su derecho de hacer lo que crean conveniente si no están de acuerdo”, dijo.
Justificó que el código municipal lo faculta a fijar tasas y a conceder licencias para el funcionamiento de las empresas en el municipio.
A diferencia de los que explica Benavides, Salgado argumentó que la licencia es para el funcionamiento de toda la empresa, “no es un cobro por sucursal, es por la empresa”.
Arremete de nueva cuenta contra la banca porque afirma que “ellos no pagan nada a la alcaldía porque todo lo centralizan en San Salvador, por eso les gravamos para que paguen alguito”, razonó.
Benavides, quien representa a varios sectores comerciales de San Miguel, añade que no hay constancia de la forma en la que la comuna fijó los nuevos impuestos.
Es decir creen que la comuna debió crear una comisión técnica que hiciera un estudio para determinar cuánto había que cobrarle a cada empresa, “pero aquí parece que fueron cifras antojadizas las que colocaron”, explicó.
Eso sin dejar de lado un acuerdo entre la municipalidad y los empresarios, porque según ellos la alcaldía solo aumentó las tasas y creó este nuevo impuesto de una manera inconsulta y sin respaldo técnico.
“Subieron las tasas y contra eso no estamos peleando; lo que sí adversamos es la creación de este impuesto, porque debió haber pasado por las manos de los diputados”, acotó Benavides.
Este recurso fue interpuesto luego de que El Diario de Hoy diera a conocer sobre un aumento de más del 100 por ciento que, según Salgado, le hicieron “casi de forma obligada sus concejales”.
Entonces Salgado le dijo a este rotativo que lo tiene sin cuidado lo que piense la población respecto a las decisiones que está tomando.
“La única opinión que me importa es la que me dirá la gente en las próximas elecciones, cuando busque reelegirme” aseguró a EDH.
En el último año de gestión municipal, Salgado ha tomado decisiones que han ido en detrimento de su propio capital político. Una de ellas es el aumento de entre el 40 y 50 por ciento a las tasas por servicios.
Muchos, como Sandra Pineda, que siempre ha sido seguidora de Salgado, ahora está molesta. “Nos ha afectado el bolsillo, hay que buscar otras personas”, dijo. Salgado dice que si la CSJ le ordena revertir el impuesto lo hará.