La última batalla del Gobierno del presidente Mauricio Funes para evitar que Enel Green Power asuma el control accionario de LaGeo, tomó un giro inesperado este mes cuando reaparecieron documentos que se creían extraviados y que demuestran que las acusaciones que el gobernante ha vertido en contra de varios exfuncionarios de gobierno durante los últimos tres meses no corresponden con la verdad.
En esencia, estos documentos, citados hasta ahora como pruebas irrefutables de corrupción durante la administración del presidente Flores, no sustentan ni los datos ni los hechos que el presidente Funes dice que forman la base de una intriga para privatizar los recursos geotérmicos del país.
De acuerdo con la versión del presidente Funes, el Deutsche Bank le recomendó al Gobierno, en febrero de 2002, que la empresa internacional que asumiera un rol estratégico como socio de LaGeo, no debería tener, jamás, una participación accionaria superior al 11 %.
Siguiendo esta línea narrativa, a partir del rechazo de esta recomendación por parte de dos funcionarios del Gobierno, se habría iniciado una estratagema para privatizar los recursos geotérmicos del país y ponerlos en manos de una empresa extranjera. Según Funes, los funcionarios implicados en este acto habrían sido el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, y el exministro de Economía, Miguel Lacayo.
Este supuesto acto de corrupción, denunciado por Funes a través de varias ediciones de su programa de radio en enero y febrero de este año, impulsó dos investigaciones paralelas. La primera de ellas se inició con la creación, el 7 de febrero pasado, de una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa.
Dos semanas después, Leopoldo Samour, presidente de CEL, presentó a la Fiscalía General de la República un “aviso” sobre posibles irregularidades en el contrato firmado entre CEL y Enel Green Power en 2002.
Sin el peso de una denuncia formal, la Fiscalía asumió potestad de la investigación penal y formó una comisión técnico-jurídica para estudiar el caso; casi de inmediato, el Gobierno le asignó a esa comisión 300 mil dólares. Tres abogados, ninguno de ellos un fiscal, fueron contratados para estudiar el caso.
Las falsa orden
Según Funes, el documento que desencadenó la supuesta corrupción es una carta del exministro de Economía, en la que éste habría ordenado a Sol Bang, en marzo de 2001, el traspaso a LaGeo del contrato con el asesor financiero, un consorcio presidido por el director, en ese entonces, de Deutsche Bank Securities en Latinoamérica, Peter Vonk.
Esta versión de los hechos se desmoronó el pasado 4 de abril cuando Lacayo testificó ante la Comisión Especial que investiga el contrato entre CEL y Enel, y afirmó que sí había “sugerido” que CEL le diera la cesión completa del contrato de asesoría financiera a LaGeo, pero que esto nunca se llevó a cabo.
Ese día, Lacayo sustentó su argumento con copias de actas de reuniones y piezas de correspondencia que demuestran que todas las decisiones relativas a la búsqueda y selección de un socio estratégico se tomaron conjuntamente por CEL y LaGeo.
En efecto, CEL nunca se desmarcó del proceso y, como señala Lacayo, “al final, el contrato con Enel fue firmado por el presidente de CEL”.
Pero hay otras pruebas, aún más contundentes, en el tema del contrato con el asesor financiero.
En el acta #37 de la reunión de la junta directiva, del 29 de marzo de 2001, se discutió si LaGeo debía de aceptar la cesión de los derechos y obligaciones del contrato entre CEL y un consorcio: Deutsche Bank Securities, Ernst & Young LLP, y Synex Ingenieros Consultores.
En el acta, la propuesta se discute con la plena libertad de poder ser rechazada, y no como una orden.
El acta también es interesante porque registra con claridad dos puntos muy poco conocidos.
En primer lugar, el contrato entre CEL y el asesor financiero se firmó el 17 de marzo de 1998, más de un año antes de que se creara LaGeo.
En segundo lugar, la búsqueda de un socio estratégico representaba sólo una parte de la asesoría, por lo tanto, CEL no podía ceder completamente el control de ese contrato.
El acta también establece que la junta directiva sólo discutió la parte relacionada con la capitalización de LaGeo, y la decisión final fue financiar sólo el 50 % de los $800 mil requeridos para ese fin: “exclusivamente en lo que se refiere a diseñar e implementar una estrategia adecuada para la selección del socio inversionista estratégico”.
Debido a esta decisión, LaGeo sólo pagó $400 mil, además de un monto reembolsable de $90 mil. El resto lo pagó el Estado, incurriendo así en un gasto que Lacayo quería evitarle a las arcas nacionales.
El acta del 29 de marzo de 2001 es desconocida por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa porque tanto el presidente de CEL, Leopoldo Samour, como el presidente de LaGeo, Julio Valdivieso, han omitido documentos que revelan toda la historia del proceso de selección del socio estratégico.
Niegan documentos
Cuando la Comisión Especial le solicitó a Samour la documentación concerniente a la relación contractual con el Deutsche Bank, Samour respondió, por medio de una carta del 5 de marzo, que CEL no tenía documentos sobre el tema porque el contrato con el asesor financiero (CEL-3091-S) había sido cedido a LaGeo por “disposición” de Lacayo. Por lo tanto, indicó, se solicitó la información pertinente a Valdivieso.
En una carta fechada también el 5 de marzo, Valdivieso indicó que no se había encontrado el informe del Deutsche Bank que había solicitado la Comisión y que la únicas dos piezas que había encontrado eran el acta #69, del 14 de marzo de 2002, y una presentación de 17 láminas en Power Point denominada: “Valoración de Gesal (LaGeo)”.
El Diario de Hoy ha verificado que hay más de 12 actas de LaGeo en las que se discuten temas relativos a la asesoría financiera del Deutsche Bank. Las más relevantes, siete en total, son enumeradas y descritas en un recuadro adyacente.
Otro documento clave es el “Information Memorandum”, un estudio sobre la geotermia en el país de agosto de 2001, que perfila con exactitud el estado de LaGeo como empresa y valora, además, el potencial de la geotermia en el resto de Centroamérica. Este documento también describe el propósito de la licitación y explica las responsabilidades financieras y técnicas que tendría que asumir el socio estratégico.
En la carta que Samour envió a la Comisión Especial el pasado 5 de marzo, informó que no habían encontrado el “Memorandum”, ni en los archivos de CEL ni en los de LaGeo. Cuando los miembros de la Comisión insistieron y se hizo evidente, al interior de CEL, que el “ocultamiento” de documentos solicitados por la Asamblea Legislativa era una violación del artículo 286 del Código Penal, Samour cedió y, súbitamente, encontró el informe.
Tanto el “Memorandum” como las actas de la junta directiva de LaGeo que Valdivieso no entregó a la Comisión Especial, colocan en contexto los únicos dos documentos que sí entregó: el acta #69 y las 17 diapositivas de la presentación del Deutsche Bank (“Valoración de Gesal”).
El marco contextual
Al comparar estos dos documentos con el resto de las actas y con el “Memorandum”, se descubre que sí se determinó para el socio estratégico una “participación máxima”, pero sólo con base en la Fase I de las inversiones: un total de $15 millones de dólares (“Valoración”, p. 15).
El “Information Memorandum” esclarece que de estos $15 millones, $11 millones serían para el campo de Berlín, y $4 millones para el campo de Cuyunausul. Para la Fase II, se esperaba una inversión de $45 millones para Berlín y $11 millones para Cuyunausul (páginas 58 y 59), para un total de $71 millones.
Los términos de referencia aclaran que se concedería el contrato de asocio a la empresa que presentara el más bajo porcentaje de inversión, equivalente o menor al 11 % de las acciones. ¿Por qué? Porque se trataba de una licitación. Es decir, se esperaba que el socio estratégico realizara el trabajo de estudio del potencial de los campos geotérmicos (la Fase I), al menor costo posible.
Este fue, simple y sencillamente, el método para determinar un costo razonable del trabajo, pero sólo para la licitación. Enel Green Power la ganó a cambio de una oferta de inversión que representó el 8.5 % de las acciones de LaGeo, más bajo de lo que se esperaba. Ahora bien, ¿recomendó el asesor financiero que se determinara un máximo de participación accionaria para Enel Green Power? La respuesta es no.
En una declaración ofrecida bajo juramento durante el tribunal internacional de arbitraje, Peter Vonk indicó, al hablar de la participación accionaria de Enel Green Power, que “desde un principio se ha dicho que no se descartaba la posibilidad de poder llegar a ser socio mayoritario”.
Y tanto en esta declaración, ofrecida el 1 de marzo de 2010, como en una entrevista realizada por Karl Royce de Business News America el 14 de agosto de 2001, Vonk explicó que lo único que requería la empresa ganadora de la licitación para obtener la participación mayoritaria de LaGeo era cumplir con las “inversiones correspondientes” de las Fases I y II contenidas en los Términos de Referencia.
“Dependiendo del resultado de las conclusiones del estudio, la empresa podría ampliar la generación y poco a poco encaminarse hacia la toma del control total”, le explicó Vonk al periodista de BN America.
Todo esto lo saben los funcionarios porque todos estos temas fueron examinados a fondo durante el arbitraje internacional, el cual el Gobierno perdió, según el laudo, porque no pudo sostener su caso ni con los testigos ni con la documentación presentados.