SAN MIGUEL. Tres miembros de la familia Deprez, dos contadores, un ingeniero y un abogado enfrentarán el segundo juicio que se realiza en contra de Jumbo Ingeniería, por la supuesta venta de parcelas en lotificaciones no autorizadas en Usulután y San Miguel, según informes de la Fiscalía General de la República.
El juicio comenzó ayer en el Tribunal Antimafia de Sentencia de San Miguel, confirmó el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, 315 personas se han mostrado ofendidas en este proceso judicial contra este grupo, a quien imputan los delitos de estafa agravada y administración fraudulenta.
Según el peritaje financiero contable el monto de la estafa asciende a 808 mil dólares, dinero que los ofendidos habrían cancelado con la compra de sus parcelas.
De acuerdo con los expedientes los supuesto ilícitos habrían ocurrido en 2000 cuando las víctimas adquirieron y pagaron sus lotes en 10 lotificaciones, nueve ubicadas en Usulután y una en San Miguel.
Las lotificaciones de Usulután son California I y II; Tecapán, El Nuevo Tablón, El Buzón, El Jícaro I y II; Tierra Blanca y Monte Verde.
Las personas pagaron sus lotes con la promesa de que, al final de la última cuota, obtendrían sus escrituras. Sin embargo, el tiempo pasó y las familias cancelaron todas sus cuotas, pero no recibieron a cambio sus títulos de propiedad de sus parcelas.
Figuran como víctima cinco de los 10 propietarios de los terrenos en donde Jumbo Ingeniería realizó los procesos de segregación.
Esos propietarios tenían contratos con Jumbo Ingeniería, quienes a la luz de la nueva Ley de Lotificación, aparte del juicio, deberán retomar los procesos de legalización de las fincas para que los nuevos propietarios obtengan sus escrituras.
“Estas víctimas deberán realizar dichos trámites para que dichas lotificaciones no sigan dentro de la ilegalidad en que las vendió Jumbo”, dijo el fiscal. En el caso de los cinco propietarios, Jumbo habría suscrito con ellos un contrato de participación. El trato consistía en que Jumbo se encargaría de desarrollar y legalizar la lotificación a cambio de recibir el 40 por ciento del total de las ventas. Mientras los propietarios recibirían el restante 60 por ciento del valor de las mismas.
Pero en la realidad, al parecer los dueños de estas fincas no recibieron el porcentaje acordado.
Según las investigaciones, estos ilícitos ocurrieron entre 2007 y 2009 en perjuicio de: Luis Antonio Gutiérrez ($15 mil 275), Óscar Roberto Lazo Aguilar ($16 mil 131), Santos Iraheta ($51 mil 634), Luis Antonio Rodríguez ($38 mil 388), José Agustín Martínez ($132 mil 552)y José Agustín Carranza Cárcamo ($29 mil 836).
De los 800 mil defraudados, los cinco dueños suman 273 mil 315 dólares.
Nahún Martínez, uno de los fiscales asignados a una de las estafas con terrenos más grandes en los últimos 10 años, afirmó que pedirán las penas máximas para los delitos que les imputan: ocho años por estafa agravada y cinco por administración fraudulenta para cada uno de los que resulte condenado.
A más de 10 años de haber adquirido sus parcelas todas las personas presentan inseguridad jurídica.
“Ninguna de las lotificaciones de Jumbo concluyó los trámites de legalización”, afirmó el agente fiscal.
Los implicados en este juicio son André y Pascal Deprez, Eva Jiménez, Álvaro Quintanilla, Jaime Rafael Quintanilla y el abogado José Ernesto Carranza Martínez y el ingeniero Edgardo Alfredo Méndez.
Solo dos condenados
En Junio de 2011, dos miembros de la familia Deprez; André y su hijo Pascal fueron sentenciados por el Tribunal Antimafia de Santa Ana a 13 años de prisión.
“Los procesos que tenemos en diferentes tribunales especializados se han dilatado o se han venido posponiendo y esta es la segunda vista pública contra este grupo de imputados”, afirmó el fiscal Martínez.
Como particularidad en este proceso está un abogado y notario, quien el año antepasado fue sobreseído definitivamente por una cámara especializada de Usulután.
“Sin que se lo pidieran o que el tribunal estuviera autorizado para darlo, según las reglas del nuevo Código Procesal Penal”, dijo el fiscal.
“Gracias a que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia casó o anuló dicha sentencia es que este abogado pudo ser juzgado y se aportará toda la prueba para demostrar su culpabilidad”, dijo el fiscal.