A un día del veto presidencial de las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y de ser enviadas al archivo, miembros del Grupo Promotor y de Aliados por la Democracia reiteraron su petición al mandatario para que elija a los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El primero en hacerlo, desde las redes sociales, fue Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), miembro de Aliados por la Democracia.
Villalta reitera que el presidente Mauricio Funes debe seguir inmediatamente con el proceso para nombrar a los cinco titulares del IAIP, según como lo establece la ley.
“Recordemos que con la resolución de la Sala de lo Constitucional el presidente prácticamente pierde el poder de veto que tenía para desestimar las ternas que le habían sido propuestas”, indicó.
El fallo de la Sala declaró inconstitucional la facultad del presidente de vetar las ternas y estipula que el mandatario tiene que elegir de estas, pues son resultado de un proceso de diferentes sectores, convocados por varias carteras de Estado.
Roberto Burgos, representante de Funde en el Grupo Promotor de la LAIP, dijo esperar a que ya no haya ninguna excusa por parte del mandatario para nombrar a los comisionados de la información. Sin embargo, les preocupa que en las argumentaciones que Funes dio para vetar las reformas a la ley plantea que el derecho de acceso a la información puede ser ejercido sin necesidad que exista el instituto.
“En realidad creo que hay un problema de interpretación. El derecho al acceso a la información, como todo derecho, debe gozar de una garantía institucional, de un ente fiscalizador que controle a funcionarios u otros sectores que quiera restringir el goce de los mismos”, afirmó Burgos.
Manifiesta que hay una gran diferencia en ejercer el derecho a la información a realizar meramente la petición de los datos, pues la persona puede interponer las solicitudes que quiera pero la calidad de la respuesta va estar asegurada cuando el Instituto tutele ese derecho.
Javier Argueta, director jurídico de la ANEP y miembro del Grupo Promotor, señala que el Instituto es el único garante de la población para tener información de calidad.
Recordó que meses atrás, el oficial de información de Casa Presidencial les informó que no habían resoluciones donde se estableciera falta de idoneidad de ninguno de los 15 candidatos y sus respectivos suplentes, y menos que no cumplían con algún requisito de la ley.
“El presidente ya no tiene opciones. Tiene que cumplir con el fallo y así como se unió a la sociedad civil, así lo llamamos a que cumpla con los compromisos con transparencia internacional”, dijo.
Afirmó que siempre hay vías legales donde la gente puede acudir para hacer valer su derecho, como los procesos contenciosos y constitucionales, pero el IAIP trae mayor garantía de que funcionarios públicos van a tener que cumplir con el elemento de la máxima publicidad y no van a tener ese “secretismo” con la información.
Ramón Villalta agregó que de las ternas enviadas al presidente hay uno de los candidatos que renunció y que su puesto en la terna debe ser completado.
Este exaspirante fue propuesto por el sector de las universidades. Añadió que la ley no establece cual es el camino que se debe seguir, por lo cual deben de esperar el procedimiento.
A través de un comunicado, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) también instó al presidente el nombramiento de los comisionados. La APES es uno de los cinco sectores convocados que propuso una terna de los aspirantes.
“Esperamos que a partir de este veto presidencial y el interés que los medios de comunicación y la opinión ciudadana ha manifestado sobre el derecho de acceso a la información pública, el presidente Funes elija prontamente a los comisionados propietarios y suplentes que integrarán el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Así, con la instalación y funcionamiento del IAIP, se tendrá un ente independiente y especializado para asegurar el cumplimiento pleno de la Ley de Acceso a la Información Pública”, plasmaron.
Peligro sigue latente
El que las reformas hayan sido vetadas y enviadas al archivo no son garantía que no exista un nuevo intento por restar facultades tanto a la LAIP como al IAIP.
Para Javier Argueta, estas iniciativas van a surgir de aquellos funcionarios que “les gusta el secretismo” y que siempre van con intenciones de ocultar. Pero agregó que como Grupo Promotor afirma que siempre van a estar pendientes de realizar las acciones necesarias para que no pasen a más.
Roberto Burgos agrega que el que los diputados hayan aceptado el veto y por lo tanto, enviado las reformas al archivo no significa que pueden haber otro tipo de limitantes.
“Ha quedado en evidencia los niveles de falta de compromiso, con nombre y apellido, quienes son los que proponen estas reformas, nos preocupa que como principales abanderados, Jaime Valdez, es quien va a presidir lo que ocurre en la Cel”, recriminó.
Burgos, como representante de la Asistencia Legal y Anticorrupción (Alac) de Funde, interpuso una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental por la falta de información de la Asamblea de los gastos en regalos navideños y compra de obras de arte, y asegura que una vez reciban respuesta de esta instancia, considerarán acudir a otras instancias judiciales para hacer valer el derecho a la información, hasta que sea instalado el instituto.
El Presidente de la República, Mauricio Funes, aún no ha dicho cuándo va a nombrar a los comisionados, pese a que fue en diciembre que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió su fallo en el cual le ordenó hacerlo.