Jorge Alberto Bernal es a quien supuestamente un grupo de militares salvadoreños le entregó un total de 1,200 granadas fragmentarias de mano M-67, 700 granadas 40 milímetros y 15 cohetes antitanque LAW, entre diciembre de 2010 y finales de abril de 2011, según el testimonio de seis de ocho militares que están enfrentando un proceso penal en un juzgado de San Salvador.
Los militares, a quienes la Fiscalía General de la República imputa los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción de armas de guerra y comercio ilegal y depósito de armas, son un capitán, un sargento mayor de brigada, un sargento mayor primero, un sargento mayor, dos cabos y dos soldados.
A excepción del capitán y del sargento mayor de brigada, el resto pertenecía al Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada (CIFA) a la fecha cuando se presume cometieron los delitos que les imputan, según documentos judiciales a los que El Diario de Hoy tuvo acceso.
De acuerdo con dichos documentos, los acusados son el capitán José Mario Mejía Hernández, el sargento mayor de brigada Gilberto Espinoza Hércules, el sargento mayor primero Víctor Manuel Peña González, el sargento mayor Francisco Morales Miranda, los cabos Jorge Nerio Lipe y José Alberto Flores Ramos, así como los soldados José Luis Chacón Romero y Ángel Pérez Ramos.
Todos fueron enjuiciados internamente (dentro de las filas castrenses) bajo el Código de Justicia Militar, pero fueron declarados inocentes de forma provisional.
Al capitán Mejía Hernández y al sargento Morales Miranda los acusaban de falsedad en asuntos militares, mientras que a los otros seis, de hurto militar agravado.
Seis confesaron la venta
Durante el juicio marcial, los seis acusados de hurto militar agravado confesaron con detalle, al coronel Guillermo Herrador Peña, entonces jefe del Conjunto II (Investigaciones/inteligencia) de la Fuerza Armada, la participación en el referido delito, según consta.
Sería Espinoza Hércules quien revelaría un nombre clave que, según parece, a las autoridades castrenses no les interesó. Por ser civil, el brazo de la justicia militar no lo podía sentar en el banquillo de los acusados.
A excepción del capitán Mejía Hernández, del sargento mayor Morales Miranda y del sargento mayor de brigada Espinoza Hércules, los otros cinco eran del equipo encargado de una serie de destrucción de explosivos desde finales de diciembre de 2010 hasta el 15 de abril de 2011.
Del total de explosivos por destruir, ellos sustraían la cantidad que les habían encargado, los enterraban y horas o días después los llegaban a sacar. Una marcada falta de supervisión les daba lugar para hurtar los explosivos que luego venderían sin importarles quién era el comprador.
Al principio, cuando les ordenaron que se presentaran al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), los seis se hicieron los que ignoraban sobre más de 1,800 granadas halladas en la hacienda El Ángel 2, del municipio de Tapalhuaca, La Paz, un terreno propiedad de la FAES, que es ocupado para destruir explosivos y pertrechos militares.
Sin embargo, llegó un momento en que el sargento mayor primero Peña González comenzó a hablar. Dijo lo suficiente como para que el equipo interrogador del C-II hiciera hablar a los dos cabos y a los dos soldados.
Según se lee en los interrogatorios hechos por el coronel Herrador Peña y agregadas al proceso militar, la versión de los dos cabos y dos soldados eran coincidentes con la aportada por Peña González.
Además, ya con la declaración de los cinco en la que admitían la venta de granadas, Espinoza Hércules tuvo que admitir su participación.
No se ahorraron detalles.
El sargento mayor de brigada Espinoza Hércules le espetó un nombre: Jorge Alberto Bernal era a quien supuestamente le hizo tres entregas de granadas y los 15 lanzacohetes LAW, armas capaces de perforar vehículos con blindaje militar.
Ahora se sabe judicialmente, que Bernal es un sujeto que, al menos hasta finales de abril de 2011, vivía en una colonia del municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana.
Espinoza Hércules dijo que Bernal llegaba en unos vehículos todo terreno hasta el cementerio de Tapalhuaca, donde le hacían entrega de las granadas. Allí mismo Bernal le pagaba supuestamente.
Espinoza, a su vez, le entregaba entre 5 mil y 6 mil dólares a Peña González. Entre tanto, los cabos y soldados al parecer recibían entre $500 y $600 por cada entrega.
La transa de explosivos se realizaba bien entrada la noche para evitar ser vistos por los soldados que cuidaban la hacienda El Ángel 2.
La primera entrega la hicieron a mediados de diciembre de 2010. Peña González se encargó, como en ocasiones posteriores, de conseguir el transporte, para lo cual contrataba a un conocido suyo a quien le pagaba 125 dólares por viaje y que ahora está como testigo protegido.
En esa ocasión entregaron 300 granadas ofensivas M-67 y 300 granadas de 400 milímetros.
La segunda entrega la hicieron en enero de 2011. En esa ocasión entregaron 400 granadas de 40 mm y 15 cohetes LAW, arma que tiene la capacidad para detener un tanque.
Por esta entrega, según el testimonio del cabo Nerio Lipe, les entregaron la suma de 900 dólares.
La tercera entrega la hicieron el 26 de abril. Fueron entregadas 900 granadas M-67, aunque la cantidad que entregarían habría sido muy superior de no haber sido por la intervención de un vecino del lugar.
Esa fue la última entrega que hicieron. Sin pretenderlo, un lugareño que salió a alumbrar el lugar donde tenía unas cabras, les echó al traste el negocio, tras lo cual fueron a dar a la cárcel, donde aún permanecen, incluyendo el capitán Mejía Hernández y el sargento mayor Morales Miranda, quienes no son mencionados en la entregas hechas a Bernabé.
A ambos solo los involucran por la entrega que hicieron acatando órdenes que emanaron del jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, que en ese entonces el era el general de brigada Francisco Ramón Salinas, ahora director general de la Policía Nacional Civil (PNC).