Hasta el primer semestre de 2012, las muertes en el municipio El Carmen, de La Unión, se debían a la avanzada edad de algunos de sus habitantes, otros por insuficiencia renal y otros más por “causas indeterminadas”, según las estadísticas de la zona; sin embargo, el año pasado el panorama cambió.
De acuerdo con datos de la Policía, los hechos violentos en este y otros municipios de La Unión se dispararon. Las autoridades señalan que fue en julio cuando las pandillas incrementaron su actividad delictiva.
Oficiales y vecinos coinciden en que después de acordada la tregua entre pandillas hay más inseguridad en ese municipio, fuerte en ganadería, pero más fuerte aún en remesas familiares, debido a que pandilleros foráneos han llegado a fortalecer los pequeños grupos que ya existían.
Los registros de 2012 indican que no menos de 13 personas -todos hombres- fueron asesinadas. Dos con machete y once a balazos.
Entre estos últimos se encuentra un ganadero a quien lugareños calificaron como “muy servicial”, en el cantón donde vivía: Olomega.
También entre esos 13 muertos se cuenta el asesinato de Juan del Cid, un deportado que había llegado a El Carmen a potenciar la clica (agrupación de pandilleros), atrayendo a Olomega a muchos jóvenes del departamento de La Unión.
Olomega es una comunidad afincada en la ribera norte de una laguna del mismo nombre. Un lugar en el que, hasta antes de mayo de 2012, sus habitantes vivían con tranquilidad.
Pero ahora es diferente. Los sobresaltos a los lugareños obedecen a la actividad de pandillas que se está registrando en la zona, especialmente los fines de semana.
Dos policías no son suficientes para contrarrestar las acciones de las maras, y menos las extorsiones.
Dos policías son los que se ocupan del turno laboral, mientras otros dos descansan; aunque siempre están todos alerta para lo que se ofrezca en la subdelegación.
Extorsiones
Entre enero y febrero de 2012, la Policía Nacional Civil (PNC) no recibió ninguna denuncia de extorsión en ese municipio. Pero en la actualidad ya llevan registrados cuatro casos.
A esas cuatro denuncias hay que agregarles los casos no denunciados, que son muchos y que en criminología se les conoce como la “cifra negra”.
Varios comerciantes afirmaron a El Diario de Hoy que no denuncian por desconfianza, que no creen ni en la misma Policía, aunque a muchos de ellos -ganaderos, tenderos y receptores de remesas- les están exigiendo entre cinco mil y los ocho mil dólares.
La Policía admite que desde julio del año pasado los casos de extorsión han aumentado.
Fuentes de la corporación policial indican que es en el pueblo donde hay más extorsiones. Sin embargo, El Diario de Hoy recogió testimonios de habitantes de zonas rurales que también se quejan de estar o haber pagado elevadas sumas como chantajes.
Las circunstancias de seguridad en El Carmen no son alentadoras: en lugar de indicar una disminución se vislumbra una tendencia al alza.
En ese municipio se ha llegado al grado de suspender las líneas telefónicas de oficinas estatales para evitar ser chantajeados por maras, aunque en uno de estos casos no fue para exigir dinero, sino para obtener un documento de forma fraudulenta. Ese hecho tampoco fue denunciado.
Ataque a pastor religioso
El pasado 28 de enero, siete u ocho personas de una misma familia estuvieron a punto de morir o, por lo menos, ser heridos, cuando una lluvia de disparos cayó sobre la casa de un líder religioso del cantón El Coyolito, aledaño a Olomega.
El ataque no iba dirigido a la vivienda del pastor, sino a un grupo de jóvenes, supuestos miembros o simpatizantes de la pandilla 18, quienes acostumbraban a hacer sus tertulias en una calle inmediata a la casa del evangélico.
En los aledaños cantones Salalagua y El Piche se dice que fueron miembros de la mara Salvatrucha quienes perpetraron ese ataque, y que lo hicieron desde una loma; dispararon indiscriminadamente, pero lejos de su objetivo.
La casa del religioso, que queda al pie de una loma, fue la que recibió la lluvia de disparos, realizados por no menos de media docena de hombres armados con escopetas.
Isidro Martínez, el pastor en mención, insistió en estar seguro de que el ataque no iba dirigido a nadie de su familia, pues dijo que no tienen problemas con nadie.
De ese hecho no hay registros policiales. Según la versión de Martínez y de vecinos, la policía no llegó a verificar el hecho.
En la casa quedaron muchos perdigones y varios árboles y paredes agujereadas. “Fue un gran susto. De milagro de Dios no mataron a nadie, porque fue una lluvia de balas la que cayó”, resumió.
Veredas del narcotráfico
Olomega es apenas una de las cuatro comunidades en la que miembros de pandillas se disputan el territorio o una ruta para el tráfico de drogas, que casi podría ser segura desde que desembarcan en las playas El Jagüey y Las Tunas hasta llegar a El Carmen, la ruta más expedita para llegar hasta San Miguel, la cabecera departamental.
Una calle escabrosa y la ausencia policial convierte en perfecto el tramo entre las playas de El Jagüey, Las Tunas y El Tamarindo para trasladar droga hasta la ciudad migueleña.
El control de esa ruta es lo que ha dado origen a la disputa y, por ende, ha transformado la zona de pacífica a violenta. Al menos eso es lo que aseguran varias personas para quienes no pasan inadvertido el incremento de la presencia de mareros y la ausencia de agentes policiales. Como antes eran zonas tranquilas, siempre han estado descuidadas.
Varios lugareños apoyan la teoría de que la intención de ganar el control de esa ruta segura para traficar droga ha llevado a la mara Salvatrucha (MS) a pelear contra delincuentes rivales.
Por otra parte, la recaudación de dinero a través de las extorsiones no es nada despreciable: al parecer, los pandilleros cobran entre siete u ocho dólares por cada automotor que entra a proveer cualquier tipo de producto a las tiendas de cantones como El Piche, Salalagua, Los Conejos y El Coyolito.
Datos de la misma PNC indican que los chantajes a vendedores ruteros es la expresión mínima del delito de extorsión.
Las grandes cantidades son las exigidas a personas que viven en el mero pueblo y que reciben remesas familiares desde Estados Unidos.
El Piche está asediado
El Coyolito, Salalagua y El Piche son tres cantones que están situados sobre la ruta desde El Jagüey, Las Tunas o El Tamarindo para llegar al cantón Olomega o al pueblo de El Carmen. Esa es su mala fortuna, porque en esos tes cantones es donde se está librando la lucha del control territorial.
De todos esos cantones mencionados, es Salalagua donde es más notoria la presencia de miembros de pandillas, de la mara Salvatrucha: Lique, Hansi, Manuel… son solo algunos nombres de reconocidos mareros, según manifestaron a El Diario de Hoy algunos lugareños, bajo anonimato.
Lique es el cabecilla, pero este, a su vez, obedece las órdenes de Secundino o Cundo, quien desde hace más de seis meses está recluido en un centro penitenciario, desde el cual se presume continúa dictando órdenes.
En Salalagua hay una pared con un solo grafiti, que indica que el lugar es territorio de la MS. Es el único visible, al menos desde la calle principal que atraviesa todos esos caseríos. Allí, la presencia de la mara Salvatrucha ya no es un secreto.
Ellos andan en esos lugares “como Juan por su casa y montan puntos de asalto cuando se les viene en gana”.
La misma Policía reconoce que había semanas en las que recibían dos o tres avisos de puntos de asalto. Eran los mismos mareros.
Las fuentes policiales afirman que esa incidencia ha disminuido con la presencia de tres elementos de la División de Policía Rural, sin embargo, la percepción de los lugareños es la misma: los asaltos y extorsiones continúan. Tres policías no pueden dar seguridad a un territorio rural tan extenso y agreste.
Las autoridades señalan a El Piche y Salalagua como dos cantones peligrosos y tan alejados de la ciudad El Carmen, que para atender una emergencia bien se pueden demorar casi una hora en llegar, en caso de que el vehículo policial se encuentre en la sede de la subdelegación.
Muchos vecinos están conscientes de que el poco personal es parte de los beneficios que tienen los mareros.
Pero ese municipio es solo uno de tantos que ha puesto en el ojo del huracán al departamento de La Unión. Para la primera quincena de febrero fueron registrados 24 asesinatos.
Lo anterior ha llevado disgusto a todos los policías de la Delegación de La Unión porque les han aumentado un día de trabajo y disminuido uno de permiso. Antes de la semana anterior, trabajaban seis días y descansaban tres. Hoy trabajan siete y solo descansan dos.