La historia hasta hoy escrita detrás del proyecto hidroeléctrico El Chaparral tiene como uno de sus capítulos más inexplicables la firma de un arreglo directo entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)y la firma italiana Astaldi SpA donde la primera, en nombre del Estado salvadoreño, pagó $108.5 millones sin un respaldo legal sólido y sin claridad de quiénes fueron los responsables.
El acuerdo, con fecha 11 de julio de 2012, fue suscrito entre el entonces presidente de la autónoma, Leopoldo Samour, y el apoderado general de la constructora Astaldi SpA en El Salvador, Mario Pieragostini, para solventar “controversias” surgidas entre ambas partes desde noviembre 2009 hasta abril de 2012, las cuales impidieron, según la firma, continuar con la ejecución del contrato CEL-4143S.
Por ello el mismo Samour le solicitó a Pieragostini, en una carta con fecha 9 de julio de 2012, que en cumplimiento a un acuerdo de junta directiva de CEL “se solicitaba arreglo directo” para encontrar solución a los reclamos.
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Dos días después, en las oficinas de la autónoma se firmaba el arreglo junto con un acuerdo de confidencialidad que solo implicaba hacer pública la decisión, a través de un campo pagado en los periódicos, sin entrar en detalles.
Lo único que se conoció es que se pagaba el millonario desembolso por un 38% de avance del megaproyecto energético, cifra que fue sobreestimada en un 8.71%, ya que más adelante en una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y en documentos de la supervisión de CEL se planteó que se construyó solo el 29% de la obra.
Varios meses después, el ex presidente Mauricio Funes justificó y defendió el pago millonario a Astaldi. Su argumento fue que era para evitar un posible arbitraje internacional, lo cual hubiera provocado una mayor erogación de dinero al Estado y la paralización de la obra.
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“Si el presidente de CEL no recurre a la negociación directa, inmediatamente Astaldi se va a un arbitraje (…) Se le agregaron aproximadamente unos $23 millones más porque era un acuerdo al que se llegó por los daños y perjuicios, esos $23 millones no se los echó a la bolsa el presidente de CEL, no me los eché a la bolsa yo”, afirmó Funes en octubre de 2013.
En la primera cláusula del arreglo directo quedó contemplado el pago global de $108.5 millones que le reconocía la administración de Funes, a través de la CEL, del que se deducía lo ya pagado a esa fecha en concepto de anticipos, avances y construcción de la obra y otros pagos efectuados.
También dejaba definido que el pago adicional ($23.5 millones) que le daba la CEL a la firma italiana era el “costo-beneficio”, incluso se le devolvió el IVA a Astaldi.
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Sin embargo, según el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) se puede optar por la modalidad de terminación de contrato por mutuo acuerdo, no pudiendo en este caso reconocer cantidades que no pertenezcan al valor “de la ejecución de la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos”.
Por otra parte, el estudio que hizo el consorcio supervisor de El Chaparral, Euroestudios-Ingetec titulado “Informe General de la Margen Derecha”, concluye que no hubo argumentos que demostraran los reclamos hechos por Astaldi (como el del movimiento del margen derecho de la montaña) y recomiendan a CEL que el contratista le presente “de inmediato” un planteamiento completo de diseño de la presa para no incumplir con los plazos contractuales, entre otros aspectos.
Esto nunca ocurrió, ni tampoco se ejecutaron las garantías y fianzas que firmó Astaldi a CELcuando se suscribió el contrato llave en mano por $220 millones para construir El Chaparral.
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De momento la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación de este caso y Funes tiene una demanda pendiente por haber avalado a CEL a realizar el pago millonario.