La Fiscalía en la acusación en contra de 21 personas ligadas al pacto de no agresión entre las pandillas, señala al ministro de Defensa David Munguía Payés como “el creador, ideólogo, promotor y principal defensor de la tregua”.
Lo anterior lo sustenta la representación fiscal en que “no podía haberse efectuado el traslado de líderes de las pandillas, del penal de Zacatecoluca a otros con controles menos rigurosos, sin su conocimiento y autorización, que no se hubiere logrado el acompañamiento de los convoy de traslados sin su influencia como militar recién retirado y que fungía como Ministro de la Defensa”. En realidad Munguía era ministro de Justicia.
Señala que tampoco “se hubiere conseguido otorgar y conceder a los pandilleros cumplir otras de sus exigencias y solicitudes, retirar a partir del día cuatro de abril de 2012 o dejar a los militares sin intervención en los registros de los visitantes en los centros penales, sin que esto fuere posible, por intermediación, sino es que por intervención directa del ministro Munguía Payés”.
Sumado a lo anterior, la representación fiscal señala que Raúl Mijango era “la cara más visible y activa dentro del proceso de tregua, y que mantenía comunicación directa con los cabecillas de las pandillas y con Munguía Payés”, es decir, no eran personas desconocidas o que no fueran a moverse en ese momento por intereses comunes.
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Considera la Fiscalía que tanto el exdirector de Penales Nelson Rauda como el exinspector de Penales, Anilber Rodríguez, eran funcionarios que dependían jerárquicamente y en línea del ministro Munguía Payés.
“Vínculo éste por el cual se le facilitaba emitir sus órdenes, las cuales pasando por el director e inspector de Centros Penales, llegaban finalmente a sus subordinados en los niveles más bajos, equipo criminológico, equipo técnico, y directores de los centros penales”, señala la Fiscalía.
Agrega que los considerados mediadores de la tregua, Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres; así como los dos oficiales de la Policía, actuaron con instrucciones, conocimiento y consentimiento del general Munguía Payés para buscar reunirse con los cabecillas de las pandillas por separado y luego en conjunto para comenzar a diseñar lo que se consideró como el proceso de la tregua.
Reuniones en penales para planificar delitos
En el requerimiento, los fiscales destacan que también les facilitaron a cabecillas de pandillas en libertad a entrar a los penales para reunirse con sus homólogos encarcelados, pero no para cuestiones de la tregua, sino para discutir sobre la organización y funcionamiento de la pandilla.
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Se trataba sobre “el tema de la recolección de las rentas o extorsiones, de la distribución de drogas, es decir, que las supuestas reuniones para tratar de la tregua solo fue un ardid de sus líderes para retomar el poder y control, para reorganizarse, para emitir y repartir órdenes e instrucciones a los pandilleros que llegaban a visitarlos y con ello aumentar su accionar delincuencial”, señala la Fiscalía.
Desafiaron a autoridades de Seguridad Pública
Se detalla en la acusación fiscal que la mejor prueba del fortalecimiento de las pandillas ocurrió a partir del año 2014, cuando esos grupos ilegales cambiaron su accionar criminal con ataques directos contra policías cuando patrullaban, ataques contra carros patrullas e instalaciones policiales. En ese contexto, la representación fiscal trajo a cuenta el ataque contra las instalaciones del taller de la Policía, el 29 de junio de 2015, donde murió un empleado y otro resultó herido.
Registran el asalto al puesto policial de San Ignacio, Chalatenango, en el que un agente de la Policía fue asesinado.
A los anteriores se le suma el hecho sucedido, el 5 de febrero de 2015, en el puesto policial de Ciudad Real en Chalchuapa, Santa Ana, en el que un agente de la Policía murió en un intento de los pandilleros de tomarse las instalaciones. También trae a cuenta los ataques con granadas contra instalaciones policiales en la mayoría de los cuales no hubo víctimas.
Las cifras de la Fiscalía señalan que 65 miembros de la corporación policial, entre agentes y administrativos; así como, 12 soldados fueron asesinados o murieron en enfrentamientos con las pandillas durante el año pasado.
Agrega que las pandillas se comprometieron “a bajar los niveles de violencia y los ataques contra personas civiles, pero lo cierto es que llegaron aumentar los números respecto de las denuncias de personas desaparecidas”.
En ese sentido, el Ministerio Público detalla que en el 2012, año en el que comenzó la tregua, hubo 1,634 desaparecidas; mientras que al año siguiente, 2013, fueron 1,918.
“Existe una fluctuación por la cual baja la cantidad de muertes físicas, y aumenta la cantidad de personas, cuya muerte no puede contabilizarse ante la ausencia del cadáver”, señala la Fiscalía.
Aseguran que otro de los factores que demuestran que las pandillas se fortalecieron fue la adquisición de armas de guerra como fusiles M-16 y AK-47. Con todo lo anterior, la Fiscalía está más que convencida de que las pandillas “han mutado de grupos de delincuentes con un mediano grado de organización a verdaderos grupos jerarquizados, estructurados, y organizados de tal forma, que pueden llegar a coordinar sus actividades a nivel nacional y que se encuentran preparados para hacer valer sus pretensiones haciendo uso de la fuerza y violencia, aún contra el mismo Estado”.
Destaca entonces que “la mutación, reorganización y armamentización, le es atribuible a la conducta, inicialmente desleal que han llegado a tener las autoridades gubernamentales para con la sociedad civil a la cual le deben su trabajo y a la cual es su obligación proteger y garantizar el goce y disfrute de sus derechos y garantías, entre ellos la vida, la protección de sus bienes y libre circulación”.
Señala la Fiscalía que la tregua entre las pandillas, además de otorgarles prebendas y beneficios fuera de la ley a sus cabecillas; sirvió para reorganizarse como grupos delictivos que le permitió recuperar el control territorial que poco a poco iban perdiendo.